Senadores del Partido de la Revolución Democrática encabezados, por su coordinador Miguel Barbosa Huerta y el senador Raúl Morón, así como la presidenta nacional del Sol Azteca, Alejandra Barrales, entregaron a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), tres propuestas de iniciativa ciudadana en materia educativa.

 

En una primer propuesta se contempla que la evaluación docente se extienda a todos los componentes del Sistema Educativo Nacional a través de cuatro subsistemas, ante lo cual se propone reformar el artículo 3º. Constitucional y a las leyes generales de Educación, del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y del Servicio Docente y con ello se evita el carácter punitivo.

 

Además se propone la creación de un Fondo de Emergencia Educativa, para generar un equilibrio ante los recortes presupuestales del Paquete Económico para 2017 en educación y como una medida para alcanzar paulatina pero sostenidamente el mínimo de inversión en educación que marca la UNESCO para países en vías de desarrollo como México, que es del 8% del PIB.

 

La segunda propuesta establece una reforma constitucional tanto al artículo 3º como al 73, así como reformas a la Ley General de Educación, a la Ley de del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, a la Ley de Coordinación Fiscal, y la derogación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, las cuales reivindican y fortalecen el derecho a una educación humanista bajo los principios de equidad, democracia, justicia, relevancia, pertinencia, esto también con un enfoque, principios y objetivos totalmente diferentes a los que sostiene el Gobierno federal y “que es el verdadero motivo del actual conflicto magisterial; un conflicto que lastima a todo el pueblo de México”.

 

Y se redefine el concepto de calidad educativa para que deje de ser un concepto mercantil y signifique Calidad de todo el Sistema Educativo Nacional.

 

Mientras que la tercer propuesta solicita reformas a los artículos 3º y 73 constitucionales, que dejará sin efecto las reformas a la Ley General de Educación de 2013, y derogará tanto la Ley de del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, como la Ley General del Servicio Profesional Docente.

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