La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) inició hasta el 29 de junio 585 averiguaciones previas y consignó a 380 personas por su presunta responsabilidad en delitos electorales federales.

 

En un comunicado la Procuraduría General de la República (PGR) informó que entre las denuncias más recientes se encuentran las realizadas por probables actos de compra y coacción del voto, presentadas en diferentes partes del país.

 

De las 380 personas consignadas, que de acuerdo con la ley podrían enfrentar su proceso en libertad, los Jueces de Distrito dictaron ya 58 sentencias condenatorias desde el 30 de marzo al 29 de junio de 2012.

 

Otras conductas delictivas denunciadas se refieren a actos de alteración de listados nominales o del padrón del Registro Federal de Electores y la expedición ilícita de credenciales para votar, que se penaliza con la pérdida de la libertad de tres a siete años y multa de 70 a 200 días de salario mínimo vigente.

 

La PGR indicó que se han recibido denuncias por recoger credenciales para votar y solicitar votos por pago, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales, que pueden ser sancionados con seis meses a tres años de prisión y multa de 10 a 100 días de salario mínimo.

 

Asimismo por condicionar la prestación de algún servicio público y el cumplimiento de programas sociales a cambio del voto a favor de un partido político o candidato, cuyas penas van desde uno a nueve años de prisión y multa de 200 a 400 días de salario mínimo vigente.

 

Como parte de las acciones de prevención, la FEPADE reforzó la presencia del Ministerio Público en 15 entidades federativas en las que hay elecciones concurrentes, es decir donde además de elegir a autoridades federales se votará por autoridades locales.