Los cerca de 600 agentes municipales de Guerrero congelados y desarmados el fin de semana por presuntos nexos con el crimen organizado, ya habían sido sometidos en su mayoría a los exámenes de control de confianza de acuerdo con los datos del secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Dichos policías locales eran responsables, en teoría, del cuidado de más de medio millón de guerrerenses que viven en 14 municipios. En proporción, 1 de cada 6 habitantes del estado tenía como policía de su barrio a uno de estos agentes “confiables” que ahora son señalados de posible complicidad con el hampa.
El último corte oficial sobre las evaluaciones de control de confianza, correspondiente al pasado 30 de septiembre y publicado por el SESNSP en su página de internet, muestra que Guerrero tiene más de 91% de sus policías locales evaluados, y de acuerdo con autoridades consultadas la entidad actualmente el procedimiento está concluido.
La ley marca que los policías que no hubieran superado los exámenes deben ser dados de baja inmediatamente. Los agentes municipales que hasta este fin de semana operaban en los municipios intervenidos, continuaban laborando normalmente, por lo que se advierte que no tuvieron problemas en sus evaluaciones.
Pero de acuerdo con los datos que ha ido recabando el gabinete de seguridad, los policías “confiables” colaboraban con el crimen organizado. Por lo menos, en el caso de Iguala y Cocula se ha verificado su participación en el homicidio y secuestro de estudiantes normalistas.
El problema, como han advertido organismos ciudadanos, es que no es una instancia neutral la que certifica a los agentes. En Guerrero, como en todos los estados, la evaluación de los policías preventivos está a cargo del Centro de Evaluación y Control de Confianza estatal. La dotación de recursos económicos federales está condicionada a cumplir con los exámenes, no a la calidad de las pruebas.
Medio millón en riesgo
De acuerdo con las cifras oficiales del INEGI, en los 14 municipios guerrerenses en donde la Policía Federal asumió la seguridad viven aproximadamente 525 mil personas. Iguala con 140 mil y Taxco con 104 mil, son las localidades de mayor densidad demográfica.
Se trata de habitantes de municipios de las regiones conocidas como Tierra Caliente y Norte del estado, punto neurálgico en la conexión entre el centro del país, con occidente y la costa del pacífico.
Los municipios intervenidos por la colusión de posibles agentes locales, forman un corredor que conecta a tres entidades: Guerrero, Michoacán y Estado de México.
Esta área es de importancia para los criminales por las rutas de trasiego de drogas y otras mercancías ilegales, así como la instalación de los narcolaboratorios.
Pero además se advierte que los delincuentes también aprovechaban su presencia en el aérea para cometer delitos como el secuestro, la extorsión y el homicidio contra los habitantes de la zona, situación que se sospecha era permitida y hasta facilitada por las corporaciones policiales locales.
Urge cambio de modelo
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, advirtió desde la semana pasada la necesidad de alojar en una instancia autónoma la responsabilidad de realizar los exámenes de control de confianza y que no sean las propias entidades las que lo realicen, pues eso pone en riesgo la calidad y autonomía de las pruebas.
Además dijo que dentro del mecanismo de evaluación deben existir las visitas domiciliarias a casa de los agentes pues las condiciones de vida arrojan datos importantes.
El senador Omar Fayad, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, también consideró incompleto el mecanismo de evaluación. Reiteró su desacuerdo en que se use al polígrafo solo como referente, y subrayó que todo el procedimiento debe endurecerse.