En México y América Latina el Poder Judicial está jugando un papel preponderante en la construcción de la democracia y la búsqueda de salidas a los flagelos de violencia, discriminación y machismo que nos aqueja, señaló el ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 

Al inaugurar la Terca Reunión regional para América Latina y el caribe de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, el presidente de la Suprema Corte dijo que se ha avanzado mucho en el combate a la violencia de género, pero todavía no es suficiente, por lo que consideró relevante que en este encuentro se analicen las diferentes formas en que se presenta el fenómeno, que incluyen la migración, el ciber-acoso y la trata de personas.

 

Recordó que desde los tribunales todos los días se tiene claro que la titularidad de los derechos no atiende a cuestiones raciales, de género, de religión, o de estatus migratorio y que esta disposición es norma constitucional en México.

 

“Ya tenemos en innumerables resoluciones mucho por compartir respecto de los criterios que se han sostenido y las jurisprudencias que se han formado. También de los prejuicios y preconcepciones que no se han logrado abandonar. A pesar de todos los esfuerzos, no hemos podido superar las amplias brechas de desigualdad económica en nuestros países, y la pobreza es un signo que todavía nos marca”, resalto.

 

Por su parte, el magistrado Álvaro Augusto Pérez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el 2015, considero que en México las mujeres eran víctimas de algunos delitos en mayor proporción que los hombres, en el delito de violación simple, las víctimas mujeres representan un 82% del total de las víctimas.

 

Mientras que en el delito de trata de personas el porcentaje es de 81%, en abuso sexual 71%, en violencia familiar 79%, en violencia y violación equiparada 71%, en otros delitos contra la familia 56% y otros delitos contra la libertad y seguridad sexual 83%.

 

“No se trata solo de una diferencia numérica, se requiere de un análisis cualitativo que incorpore las distintas situaciones de riesgo que hacen que las mujeres tengan este nivel de vulnerabilidad ante ciertos delitos.”, expresó.

 

Reitero que las juezas y los jueces así como todo funcionario que ejerce la función jurisdiccional tiene la labor de equilibrar las situaciones de riesgo y vulnerabilidad de las mujeres a través de un análisis especializado y exhaustivo basado en sus derechos, para encontrar la solución que mayor protección de a las niñas, las adolescentes y a las mujeres.

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