El gobierno de México solicitó al de Estados Unidos su intervención ante una Corte de Connecticut, con el fin de reclamar y reconocer inmunidad para el ex presidente Ernesto Zedillo, quien enfrenta una demanda por la matanza de 1997 en Acteal.

 

De acuerdo a versiones periodísticas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la embajada en Washington, envió en noviembre de 2011 una nota diplomática al Departamento de Estado para solicitar la intervención del gobierno estadunidense en la demanda que enfrenta el ex mandatario mexicano.

 

Luego de la petición del gobierno de México al Departamento de Estado -dependencia que aún no actúa- los abogados de Zedillo solicitaron a las autoridades diplomáticas estadunidenses fijar su posición, toda vez que el ex presidente debe recibir inmunidad en su calidad de ex jefe de Estado.

 

Hasta el cierre de esta edición la Secretaría de Relaciones Exteriores no había emitido comentario alguno.

 

En septiembre de 2011, un grupo de familiares de víctimas de la matanza en Acteal, Chiapas, en 1997, presentaron ante un tribunal del estado de Connecticut una demanda en contra del ex mandatario, por supuesta complicidad en la matanza.

 

La demanda la encabezan 10 familiares de víctimas de Acteal, de los cuales no se ha revelado su nombre y que contrataron al despacho Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess con sede en Miami, solicitando una indemnización de 50 millones de dólares.

 

El hecho se presenta ante una Corte en Connecticut debido a que Zedillo, quien fue presidente de México entre 1994 y 2000, trabaja actualmente en la Universidad de Yale que se ubica en el estado en donde se hizo la demanda.

 

Previamente, el ex presidente Zedillo reclamó inmunidad legal a la Corte en Connectict, por su posición de ex mandatario de México y negó tener responsabilidad por los hechos registrados en Chiapas.

 

Roger Kobert, uno de los abogados que representa a los demandantes, dijo que la argumentación de Zedillo es “inapropiada” al solicitar a la Corte que lo exima de toda responsabilidad.

 

“No es apropiado solicitar inmunidad”, sostuvo Kobert.

 

De acuerdo con funcionarios diplomáticos, el gobierno de México solicita la intervención del Departamento de Estado con base en la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera (FSIA, por sus siglas en inglés) que fue aprobada en 1976 y que busca proteger a funcionarios de otras naciones que radican en su territorio, previa aprobación.

 

“Se le puede pedir su punto de vista al Departamento de Estado y si éste hace una sugerencia de inmunidad, la Corte debe rendir su jurisdicción”, argumentó la defensa del ex mandatario en una moción fechada el pasado 6 de enero.

 

La defensa del ex presidente pidió a la Corte en Connecticut aguardar un tiempo prudencial antes de decidir sobre el caso, ello porque augura que el Departamento de Estado demorará su intervención.

 

“Si el Departamento de Estado no presenta una declaración de interés en un tiempo razonable, entonces la Corte debe ordenar a las partes completar su postura sobre esta moción”, sostienen los abogados.

 

El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas que oraban en Acteal, Chiapas, fueron atacados por personas vinculadas a bandas paramilitares. El hecho acabó con la vida de 45 personas, entre ellas 15 menores.

 

A lo largo del tiempo, organizaciones no gubernamentales han señalado que lo ocurrido en Acteal constituye un crimen de Estado.

 

En la demanda se acusa a Ernesto Zedillo de conspirar junto con el entonces procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, de ocultar el papel del Ejecutivo federal antes y después de la matanza.

 

 

ANTECEDENTES

 

El 19 de septiembre de 2011, al menos 10 familiares de víctimas de la matanza en Acteal, Chiapas, en 1997, contrataron al despacho Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds&Hess, con sede en Miami, para interponer una denuncia en contra del ex Presidente Ernesto Zedillo, a quien le reclaman una indemnización de 50 millones de dólares por las víctimas.

 

– La demanda se presenta en una Corte de Connecticut debido a que el ex presidente Zedillo radica en New Haven, Connecticut, toda vez que es profesor en la Universidad de Yale.

 

– En la demanda se acusa a Zedillo de conspirar junto con el entonces procurador general de la República Jorge Madrazo Cuéllar, para ocultar el papel desplegado por el Ejecutivo federal antes y después de la masacre.

 

– En diciembre de 1997 un grupo de indígenas que oraban en la comunidad de Acteal, Chiapas, fue atacado por un grupo relacionado con paramilitares, y el resultado fue de 45 personas muertas, entre ellas 15 menores.

 

– En octubre de 2007 uno de los 34 detenidos fueron declarados culpables de varios crímenes incluyendo homicidios y asalto con agravantes. Algunos fueron sentenciados hasta por 26 años de cárcel.

 

– En 2009 la Suprema Corte de Justicia de México revocó 20 de las sentencias y ordenó liberar a 11 de los detenidos, por actos ilícitos de la fiscalía, incluyendo fabricación de pruebas y otras violaciones a las leyes.