La Procuraduría General de la República (PGR) informó que a tres años de la desaparición -26 y 27 de septiembre de 2014- de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, el Gobierno federal reafirmó su compromiso con las víctimas y reiteró que continuará agotando todos los medios a su alcance en materia de investigaciones, búsqueda y atención a las víctimas, así como sus familiares.

 
La dependencia que encabeza Raúl Cervantes señaló que actualmente se examinan las imágenes obtenidas en una extensión de 60 kilómetros cuadrados de un área sugerida por la representación de las víctimas, para enseguida proceder a revisar directamente los lugares considerados, por sus características, como de ubicación probable de fosas clandestinas.

 
Abundó que si bien no se cuenta aún con sentencias, se debe a dos razones: 1) los procesados han estado agotando toda clase de recursos legales en contra de las decisiones judiciales que se van emitiendo; y, 2) no es legalmente posible cerrar la instrucción de esos procesos mientras continúen ofreciendo pruebas.

 

La dependencia indicó que han avanzado en las investigaciones y la búsqueda de los estudiantes, y ha procurado mantener la más amplia comunicación con sus familiares y representantes, además de la atención a los requerimientos del mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

Indicó que se han enfocado en agotar todas las líneas de investigación que han resultado necesarias, entre las que en encuentran aquellas planteadas por los familiares de las víctimas, las indicadas en su momento por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, así como las relacionadas con las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

 

Destacó que de las recomendaciones y peticiones (973) que hizo en su momento el GIEI, se han atendido casi en su totalidad.

 

La Procuraduría dejó claro que en todo momento se ha obrado con objetividad en este caso, cuya investigación constituye la más amplia realizada en época alguna por la dependencia, añadió que los más de 500 tomos del expediente así lo confirman.

 

Detalló que hay más de 120 personas bajo proceso judicial como resultado del trabajo de investigación en torno al caso. 71 de ellas están acusadas del secuestro de los 43 jóvenes estudiantes.

 

Resaltó que a atención a las líneas de investigación planteadas por los familiares de las víctimas directas y sus representantes, se han venido dilucidando aspectos centrales de los hechos, siguiendo un cronograma de once puntos entregado en su momento a la CIDH y notificado a la representación de las víctimas.