La acción de inconstitucionalidad presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) contra la reforma a diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa en el estado de Sinaloa fue presentada a turno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al ser ingresada a ventanilla, se espera que en los próximos días sea aceptada a trámite para que sea discutida en el pleno de la SCJN.
El pasado 19 de agosto se publicó en Sinaloa el Decreto 768, el cual permite que los Magistrados en funciones en el Tribunal de Justicia Administrativa puedan ser ratificados y adquieran inamovilidad en el puesto.
Al darse a conocer el decreto, la PGR considera que se trasgrede el artículo Octavo transitorio de la Reforma Constitucional del 27 de mayo de 2015, el cual menciona: “la intención del Constituyente federal, en el sentido de que los Magistrados en funciones, exclusivamente podrán continuar por el tiempo que hayan sido nombrados”.
Al llevarse a cabo las modificaciones, la PGR asegura que el estado de Sinaloa genera “incertidumbre jurídica”, debido a que los operadores jurídicos, no sabrán cuáles normas los regirán y cuáles delimitarán su actuación dentro del Sistema Local Anticorrupción.
“La creación de un ‘sistema’ implica el diseño de un conjunto de reglas y principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí”, explicó la Procuraduría en un comunicado. dmh