Desde abril existen 35 órdenes de aprehensión no cumplimentadas en contra de presuntos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), confirmaron fuentes al interior de la Procuraduría General de la República (PGR) y autoridades ministeriales consultadas por este medio.

 

Sin especificar cuántas están vigentes ni en contra de quién o de qué estados, personal de la PGR dijo a 24 HORAS que aproximadamente desde abril se giraron órdenes de aprehensión en contra de personas identificadas como integrantes de la disidencia magisterial (aunque no necesariamente maestros).

 

Esta fuente señaló que a pesar de ser delitos del fuero común, al haber sido cometidos por servidores públicos pagados con recursos federales (de la Secretaría de Educación Pública, SEP), estas personas son investigadas por la PGR por participar en el incendio de vehículos, dañar inmuebles, edificios y comercios y agredir a otras personas.

 

Autoridades ministeriales puntualizaron que son por lo menos 35 órdenes de aprehensión vigentes por los cargos de lesiones, ataques a las vías de comunicación y resistencia de particulares, entre otros.

 

Además, en su momento se llegaron a contabilizar al menos 60 ordenamientos judiciales desde los primeros desmanes protagonizados por la CNTE, pero varios de los delitos tienen una vigencia de cinco años y al no ejecutarse la órdenes estas prescribieron.

 

El martes, medios de comunicación oaxaqueños comenzaron a difundir información asegurando que el gobierno local y el federal preparaba una serie de órdenes de aprehensión que serían giradas para arrestar a dirigentes magisteriales en caso de que estos se negaran a aceptar la expulsión del sindicato del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

 

Sin haber recibido notificaciones oficiales ni tener conocimiento de las personas que podrían resultar afectadas, la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Comité Ejecutivo de la sección 22 de la CNTE-SNTE comenzó a preparar amparos para 160 líderes seccionales, incluido el dirigente estatal Rubén Núñez Ginez.

 

Entre enero y abril de este año, en Oaxaca, Guerrero y Michoacán los profesores agremiados participaron en bloqueos carreteros, tomas de aeropuertos y gasolineras, así como algunos enfrentamientos con las policías locales y federales para protestar contra las reformas educativa y energética, además de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero.

 

En Oaxaca, presuntos integrantes del magisterio disidente incendiaron patrullas y retiraron cámaras de videovigilancia.

 

Las penas

 

El Código Penal Federal considera como un delito, “todo acto o procedimiento que evite o dificulte, o se proponga evitar o dificultar la libre concurrencia en la producción o en el comercio” el cual se sanciona con prisión de tres a diez años y con 200 a mil días multa.

 

Al delito de lesiones corresponden de tres meses a dos años de prisión y multas de 30 a 270 días de multa, de acuerdo con la gravedad y el tiempo que tarde la víctima en sanar; al delito de daño en propiedad ajena por incendio, se consideran penas de cinco a 10 años de prisión y multa de cien a cinco mil pesos.

 

Para ataques a las vías de comunicación se consideran de uno a cinco años de prisión y de cien a 10 mil días multa.

 

Por resistencia de particulares se consideran de uno a dos años de prisión y multa de 10 a mil pesos al que por la fuerza, amago o amenaza se oponga a que la autoridad pública ejerza sus funciones o se resista al arresto; o se aplicará de uno a dos años de prisión y de 10 mil a 30 mil días multa que dañe dispositivos de localización y vigilancia.

 

Se ampara Rubén Núñez

 

El miércoles, el Juzgado Segundo de Distrito en Oaxaca le otorgó a Rubén Núñez Ginez, líder de la Sección 22, la suspensión provisional “contra la ejecución de las órdenes de aprehensión, detención, localización, presentación y privación de su libertad reclamadas a los Jueces de Distrito en el Estado de Oaxaca y Jueces Penales del Distrito Judicial del Centro”, como resultado del juicio 1000/2015.

 

Representado por los abogados de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Sección 22, Núñez Ginez interpuso su demanda de amparo el pasado 16 de julio; esto ocurrió una semana después de que la organización Mexicanos Primero anunció que lo denunció ante la PGR por peculado y fraude al erario público y una semana antes de la desaparición del IEEPO.

 

El juez le dio el amparo, pero  el juez ordenó que el quejoso se debe presentar a declarar ante la autoridad ministerial que lo reclama, o ante el juez que lo requiera.