Los elementos de la Policía Federal que participaron en el enfrentamiento con civiles, en Nochixtlán, Oaxaca, rinden declaración ante el agente del Ministerio Público de la Federación, para deslindar responsabilidades, informó la Comisión Nacional de Seguridad en un comunicado.

 

Como parte de las investigaciones de la Procuraduría General de la República, quien colabora con la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, las armas de cargo de los elementos policiacos quedaron a disposición del MP federal para el análisis balístico.

 

Los peritos en balística de la PGR son los encargados de analizar los cartuchos y casquillos relacionadas con algún crimen para identificar el arma homicida y al delincuente; para ello cuentan con IBIS, Sistema de Base de Datos de Alta Tecnología, una herramienta digital que sirve para cotejar, en tiempo real, cada elemento balístico con 400 mil muestras a nivel nacional y, de ser necesario, con 16 servidores de Europa, Asia, América y África.

 

En el caso de la PGR, el análisis se realiza en el Laboratorio de Balística Forense, de la Dirección de Servicios Periciales.

 

IBIS permite que los peritos especialistas capturen la muestra tomada de las armas de los federales que estuvieron en el desalojo fallido de Nochixtlán para buscar, cotejar y analizar digitalmente las “huellas balísticas”, como se le llama a la marca exclusiva que deja cada arma en el casquillo y ojiva, con los elementos balísticos hallados en la escena del crimen y en los cuerpos de las personas heridas y muertas.

 

El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, instruyó a la Unidad de Asuntos Internos y la Inspectoría General continuar con los trabajos de investigación con la finalidad de esclarecer los hechos ocurridos el pasado 19 de junio.

 

La CNS destacó que algunos de los uniformados heridos todavía permanecen hospitalizados.

 

El Comisionado reiteró su disposición para clarificar estos acontecimientos con absoluta transparencia, en estrecha coordinación con las autoridades ministeriales, la Comisión Nacional Derechos Humanos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y con representantes de organismos nacionales e internacionales.