En lo que va del año, 15.5 de cada 100 pesos del presupuesto federal se destinaron al pago de pensiones, principalmente de los ex trabajadores de alguna institución de gobierno.

 

Según el estudio Pensiones en México: 100 años de desigualdad, elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el gasto público para este fin es inequitativo pues las pensiones que reciben en promedio los ex empleados de la CFE, Pemex y Luz y Fuerza del Centro son 8.8, 6.7 y 11.3 veces más altas que las de un pensionado del IMSS.

 

Sunny Arely Villa Juárez, directora de Gasto Público del CIEP, refirió en conferencia que de acuerdo al análisis, del total del gasto en pensiones contributivas, 48.5% corre a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se encuentran asegurados 75.3% de los pensionados del tipo contributivo.

 

Lo anterior significa que más de 50% del total del presupuesto destinado para el pago de pensiones contributivas se concentra en los ex trabajadores de alguna institución de gobierno, quienes representan 24.7% del total de los pensionados.

 

La investigación realizada a 100 años del reconocimiento constitucional de las pensiones como un derecho individual para lograr una vida digna durante la vejez, agrega que las generaciones pensionadas por el régimen de beneficio definido, es decir, anterior a la reforma de 1997, pueden recibir, al menos, 40% de su último salario, mientras que ahora, quienes cotizan en cuentas individuales, en promedio, recibirán 30% del ingreso promedio en su vida laboral.

 

Aunado a la insostenibilidad del sistema, resultado de la tendencia creciente del gasto en pensiones, que se incrementará en los siguientes años, el análisis concluye que el Estado deberá diseñar mecanismos para ampliar el margen de maniobra presupuestario y poder cumplir con el pago de estas obligaciones sin comprometer la sostenibilidad financiera ni la estabilidad de la economía mexicana.

 

Otro de los hallazgos del estudio es que existen más de mil 1000 sistemas de pensiones que operan en diferentes niveles, contando cada uno con sus propias tasas de cotización, de reemplazo, incentivos, condiciones y beneficios.

 

Juan Ángel Espinosa

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Los expertos señalan que a pesar de que las Afore tienen un buen rendimiento, representan una carga fiscal importante para futuras generaciones, ya que la mayoría de los ahorros de los trabajadores están invertidos en deuda gubernamental, es decir, las próximas generaciones tendrán que soportar esos ingresos a través de un mayor pago de impuestos.

 

Héctor Juan Villareal Páez, director del CIEP comentó que “de no existir una reforma para el pago de las obligaciones por pensiones de beneficio definido, quienes se encuentran en el régimen de cuentas individuales terminarán pagando no sólo sus propias pensiones, sino también las de las generaciones que le antecedieron”.

 

Villa Juárez agregó que una de las inequidades que tiene el sistema pensionario del país puede reflejarse en el gasto que se hace por pensionado en cada institución: “En 2017, del total del gasto en pensiones, únicamente 5.2% de la asignación para este fin se destina al Programa para Adultos Mayores (pensión no contributiva), beneficiando a 49.9% de los pensionados totales”.

 

RECURSOS EN LA OPACIDAD

 

De acuerdo a la investigación, existe un problema de transparencia, pues sólo 28 universidades públicas estatales del total en el país hace pública la información sobre pensiones, es decir, sólo 3% del total.

 

Además, estados como Baja California Sur, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas y Quintana Roo están obligados pero han sido parcialmente transparentes al publicar datos insuficientes o ilegibles, a pesar de eso, entidades como Nuevo León y Sinaloa han elegido reformar su sistema de pensiones para transitar a uno de cuentas.

 

Finalmente, el presidente del centro de investigación explicó que, para poder reducir la desigualdad, incrementar la transparencia y hacer sostenible el sistema de pensiones, es necesario evaluar el tamaño del contingente pensionario, revisar los compromisos en el sistema de reparto, impulsar el ahorro voluntario así como controlar el gasto público, entre otras acciones.

 

aarl