La nueva Ley General para la Búsqueda de Personas no Localizadas prevé elevar las penas para quienes cometan ese delito, y en el caso de funcionarios que participen en desaparición forzada se proponen castigos de 50 a 100 años de cárcel, destacó Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación (Segob).
Durante una de las mesas de trabajo en el marco del foro para discutir la iniciativa de Ley General para la Búsqueda de Personas no Localizadas y la Prevención y Sanción del Delito de Desaparición Forzada, Campa agregó que también prevé que no sean cancelados los registros anteriores a la ley, es decir, que sea retroactiva.
Agregó que buscarán que la norma sea clara en definir las obligaciones, competencias, procedimientos, tiempos y sanciones para funcionar eficazmente, así como que cuente con los candados necesarios para ser incorruptible.
“La propia ley define una serie de candados, por ejemplo, para cancelar la posibilidad de que sea cancelado el registro sin que se resuelva, la ley incide en la demanda de las familias que es una búsqueda eficaz y oportuna que permita dar con los familiares con vida y en aquellos casos en donde se cometan delitos que se garanticen las penas más altas”, abundó Campa Cifrián.
Campa explicó que la búsqueda de personas no localizadas es un tema central en la reconciliación necesaria entre los mexicanos.
Ante expertos en materia de derechos humanos y atención a víctimas, abundó que “la ley debe garantizar que todos aquellos que pudieran tener relación con una desaparición forzada, no intervengan en el proceso y garantizar que se tengan las sanciones más altas para quienes cometen estos delitos”.