El presidente Enrique Peña Nieto hizo efectiva su facultad de veto y devolverá al Senado, los artículos de las leyes anticorrupción que obligaban a los empresarios, con contratos públicos, a presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.

 

Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia de la República anunció esta tarde que el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3de3, y otros 15 artículos más serán devueltos, por caer en excesos.

 

El gobierno federal escuchó a la cúpula empresarial, “que argumenta que esta medida es excesiva y haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que sería imposible procesar millones y millones de declaraciones”, señaló Castillejos.

 

En un mensaje a medios, en la Residencia Oficial de Los Pinos y acompañado del vocero Eduardo Sánchez, Castillejos precisó que el Ejecutivo propondrá al Congreso analice dicha ley con las observaciones realizadas. “Este día, el Presidente de la República devolverá al Senado para su análisis el artículo 32, incisos B y C, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y otros 15 artículos más, relacionados con este artículo 32”, dijo.

 

El consejero jurídico recordó: “estos artículos señalan que todo particular, sea un individuo o una empresa,  que reciba o ejerza recursos públicos o contrate con cualquier instancia de gobierno, debe presentar sus declaraciones patrimoniales, es decir, dar a conocer a la autoridad, todo su patrimonio”.

 

Agregó que los artículos obligan “a todas las personas que trabajan en una empresa que contrate con el gobierno, es decir, la totalidad de los trabajadores de una empresa, sin importar su función, tendrían que presentar estas declaraciones”.

 

A juicio de Castillejos, la actual ley “inhibiría a los particulares de prestar servicios o vender productos al gobierno, y lo más importante, afectaría a personas que no están vinculadas a contrataciones como beneficiarios del programa Prospera o becarios del Conacyt, entre otros”.

 

Para la Presidencia de la República, la medida, aprobada por el Poder Legislativo, “resultaría contraria a los Derechos Humanos previstos por la Constitución General de la República al afectar de manera excesiva la vida privada y la protección de los datos personales de los mexicanos, e incluso de extranjeros que no viven en el país pero trabajan en una empresa transnacional”.

 

La Consejería Jurídica de Presidencia indicó que hoy mismo el Ejecutivo solicitará al Congreso un periodo extraordinario para que puedan revisar los 16 artículos que serán devueltos para análisis, debido a que afectarían la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción.

 

“Las observaciones parciales tienen como objetivo colaborar con el Poder Legislativo para favorecer el apego a la Constitución”, sostuvo.

 

El Gobierno de la República, dijo, está convencido de que “por ningún motivo debemos retrasar la vigencia del nuevo sistema”.

 

Para el funcionario presidencial, “la presentación de las declaraciones de millones de mexicanos que salen todos los días a ganarse la vida de forma honesta, en nada ayuda a combatir la corrupción y en todo perjudicaría su vida privada y pondría en riesgo sus derechos humanos”.