Uno la puede detestar o subestimar, pero inútil sería negar que Marine Le Pen, la líder del ultraderechista Frente Nacional, ocupa un sitio decisivo en la escena política francesa. Sin medias tintas y siempre polémica, la figura más reconocible del populismo europeo representa el segundo partido más votado del país galo en la pasada elección, capaz de poner a temblar a todo un continente con su pase al duelo final por el Elíseo, sus 11 millones de votos cosechados y su programa antieuro y antimigración. Todo esto en el contexto post Brexit y post- triunfo de Trump.

 

Ahora bien, ningún banco francés, es más, ningún banco de la Unión Europea, aceptó prestarle dinero a Le Pen para su campaña electoral. El motivo: los establecimientos financieros no querían ser asociados con la imagen de una formación política etiquetada de xenófoba, racista o antiliberal. ¿Y con qué recursos afrontó Le Pen y su partido Frente Nacional (FN) la batalla electoral? Según la revista satírica y de investigación “Le Canard Enchaîné”, el FN recibió este año unos 30 millones de dólares de un prestamista ruso. A esto se le suman 12 millones de billetes verdes que había obtenido, de acuerdo con las revelaciones de la agencia informativa gala Mediapart, a través de entidades bancarias rusas en 2014. Estos datos sugieren que Moscú trató de influir en la política francesa mediante el control financiero de la extrema derecha aprovechando su auge.

 

Nadie puede quejarse de la falta del marco jurídico. Las normas existen, son claras y estrictas. La famosa ley sobre la transparencia financiera en la vida pública dice que los partidos políticos se financian principalmente a través de fondos públicos en forma de subvenciones. Cada agrupación y cada candidato deben rendir cuentas públicamente sobre la procedencia y el uso de su presupuesto. Las irregularidades en torno al financiamiento electoral implican castigos que pueden llegar desde la pérdida del puesto hasta la cárcel.

 

En cuanto a los recursos públicos o del Estado francés, solo pueden beneficiarse con ellos los partidos que tienen presencia en el Parlamento. Las aportaciones de las empresas están estrictamente prohibidas por la ley. Se autoriza donativos privados siempre y cuando éstos no superen los 8 mil dólares por año, persona y partido; en periodo electoral el monto se limita a 5 mil dólares.

 

A pesar de, o tal vez debido a la existencia de una batería de normativas rígidas en torno al financiamiento de la política, con regularidad estallan escándalos sobre la procedencia y el manejo opacos de los fondos otorgados a partidos y candidatos. El caso más sonado es por supuesto el del expresidente de Francia Nicolas Sarkozy. Desde que perdió su inmunidad en junio de 2012 su nombre aparece relacionado con varios sumarios consagrados a un eventual financiamiento ilegal de su campaña electoral. Se buscó indicios de un posible respaldo monetario del antiguo hombre fuerte de Libia, Gadafi, y de la millonaria heredera del imperio cosmético L’Oréal Liliane Bettencourt. En febrero pasado Nicolas Sarkozy fue llevado a los tribunales por el caso de una trama de falsificación de facturas para ocultar gastos de campaña y burlar así los límites legales. Se le acusa de gastar en 2012, como candidato presidencial de la segunda vuelta, 43 millones de dólares frente a los 23 millones autorizados.

 

Hace 5 años las elecciones presidenciales y legislativas costaron a las arcas del Estado francés 470 millones de dólares (dos veces más que en 2007), lo que supone 10 dólares por elector, señala una investigación del diputado René Dosière. Los comicios de este 2017 supondrán en lo financiero una nueva vuelta de tuerca. En las recientes elecciones presidenciales cada uno de los candidatos de la primera ronda se benefició, como lo prevé la ley, de 17 millones de billetes verdes provenientes del erario. Cada uno de los dos finalistas clasificados para el duelo final recibió del Estado galo 23 millones de dólares.

 

Los aspirantes que no superan el 5% de los votos podrán reclamar como mucho 800 mil USD, mientras que los que rebasaron este umbral, hasta 8 millones.

 

Afiches, spots, mítines, boletas, casillas, debates, propaganda, la lista de gastos rellenos de cifras con varios ceros parece interminable. La batalla por hacer caja resulta tan extenuante o más que la maratoniana carrera hacia la presidencia o hacia un escaño parlamentario.

 

caem