Los gobernadores están sufriendo. Y no sólo por los problemas de inseguridad que enfrentan, sino porque les angustia la posibilidad de que les manden desde Los Pinos a un comisionado para la Seguridad.

 

Algunos dirán que es mera paranoia. Pero ocurre que no lo es tanto, pues en el gabinete de seguridad se ha mencionado la posibilidad de enviar comisionados (al estilo Alfredo Castillo en Michoacán) a distintas entidades que enfrentan situaciones complicadas.

 

Uno de los que más analizó fue el del Estado de México (después los de Guerrero, Morelos y Tamaulipas). Pero se llegó a la conclusión de que no había que desgastar la figura del “comisionado”, ni era conveniente enviar “cogobernadores” a los estados.

 

Optaron por el “reforzamiento” de las fuerzas del orden a petición del propio gobernador mexiquense.

 

Pero esto no ha alejado del todo el fantasma de los comisionados entre los gobernantes. Ninguno quiere verse desplazado, ni aparecer como figura de adorno, o mucho menos jugar un papel tan triste y patético como el de Fausto Vallejo (valga mencionar que el caso del de Michoacán los ha golpeado e indignado).

 

Y es tema cotidiano. Ayer, sin ir más lejos, el gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, salió al paso de los rumores de que les sería enviado un comisionado:

 

“Estamos mejorando estrategias”, declaró luego de reunirse con el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido (en el marco de los enfrentamientos que se suscitaron desde el fin de semana en Tampico y que han dejado 28 muertos).

 

Ayer también, Ángel Aguirre salió a declarar que en Guerrero no requieren un comisionado federal: “No voy a esperar en ningún momento a que la Federación venga a resolver los problemas del estado”, dijo.

 

En el caso de Morelos, se decantaron por un comisionado de Seguridad Estatal (de hecho fue sólo un cambio de personal y de nombre de la Secretaría de Seguridad Pública del estado).

 

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ROSARIO, DAÑO COLATERAL.- Una de las “afectadas” por la caída del presidente del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez, es la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.

 

Según se ve desde el búnker de Insurgentes Norte, Robles tenía una encomienda especial -de hecho, refieren, fue una de las principales razones para que Enrique Peña Nieto le encargara la cartera social-: Trabajar a fondo el DF para ganarle espacio al PRD y abrirle así el camino al priismo para su retorno a la capital del país.

 

Incluso, en el diseño inicial se llegó a contemplar que la ex perredista pudiera convertirse en la candidata del PRI al gobierno del DF.

 

Pero el plan se topó con complicaciones. Por un lado, Robles ha tenido dificultades para asentar los programas sociales en las delegaciones capitalinas; y por otro, los priistas no contaban con un líder presentable en el DF. El príncipe de la basura -era vox populi- resultaba más bien un estorbo.

 

Es decir, ni los perredistas la dejaron pasar, ni los priistas del DF servían de aliados (eran más bien peso muerto).

 

Pero ahora que cayó en desgracia el líder priista que impedía el avance tricolor, el panorama cambia. Y ante ese nuevo escenario -a decir de los dinosaurios priistas- Robles ya no es tan necesaria.

 

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AMLO VA TAMBIÉN POR LA CONSULTA POPULAR.- Hace un par de días, llevó una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedir a los ministros definir con claridad si sería procedente, o no, una consulta popular para revertir la reforma energética.

 

Hoy, Andrés Manuel López Obrador asistirá al Senado para iniciar el procedimiento legal: notificará al presidente de la Mesa Directiva, Raúl Cervantes, su decisión de someter a consulta la reforma energética.

 

A partir de ahí, deberá iniciar la recolección del millón 600 mil firmas requeridas por la ley que rige este mecanismo de participación ciudadana. (Un camino ya recorrido por Cuauhtémoc Cárdenas pero que, a decir de la SCJN, adelantó los pasos, pues inició el proceso antes de que fuera aprobada la ley secundaria).

 

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GEMAS: Obsequio de Lorenzo Corro, miembro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán, a propósito de la tortura a que fue sometido el líder de las autodefensas de Yurécuaro, Enrique Hernández Salcedo, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del alcalde de Tanhuato, Gustavo Garibay:

 

“Según lo constatamos nosotros y el médico adscrito de la Comisión, sí presenta signos de tortura que son coincidentes con su relato”.