Presidentes de Asociaciones de Padres de Familia de Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los estados más afectados por los paros y suspensiones de clases de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), están analizando la posibilidad de comenzar a interponer amparos para que el Poder Judicial obligue a los gobiernos federal y estatal a garantizar que haya maestros dando clases a sus hijos.

 

Los padres de familia consultados por este diario dijeron sentirse “esperanzados”, a raíz de que en Baja California Sur la Asociación de Padres de Familia de Cabo San Lucas interpuso y ganó un amparo para que los gobiernos federal y local garantizaran el derecho a la educación de sus hijos.

 

Tras ganar este recurso, los profesores de la primaria “Profesor Arturo Guerrero González” de Cabo San Lucas, que estaban en paro de actividades, se vieron obligados a regresar a las aulas y echar a andar nuevamente el ciclo escolar.

 

“Para nosotros sienta un precedente. El amparo no les quita la posibilidad a los maestros de hacer sus movimientos políticos pero establece que antes está el derecho a la educación de los niños. Nosotros fomentaremos la aplicación de estos amparos con los papás interesados”, señaló Bernardo de Legarreta, presidente de la Unión de Padres de Familia de Michoacán.

 

“Es una situación de esperanza, de que algo se puede hacer aunque también nos hace sentir que no recibimos suficiente atención de la autoridad estatal, que se tenga que llegar a esto”, aseguró.

 

Guerrero es uno de los estados más afectados por las jornadas de paros y protestas de la CNTE; tras enterarse de lo ocurrido en BC, los papás analizan seguir el ejemplo de lo ocurrido en primaria “Profesor Arturo Guerrero González”.

 

“Estamos tomando nota y ya incluso en algunas escuelas los papás me empezaron a preguntar y a comentar cómo fue posible que eso se lograra en Baja California Sur. Estamos muy contentos y muy animados por lo que hicieron los padres de familia”, dijo a 24 HORAS Saúl Castro, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Chilpancingo.

 

Igual la presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia, María Elena Brindis Rodríguez, quien señaló que estarán buscando “tips” con los padres de familia de Los Cabos después del último paro magisterial en Chiapas, del 1 al 24 de junio.

 

Para Floridelma Pérez Pérez, presidenta  en Oaxaca de la Asociación de Padres de Familia de escuelas controladas por la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), opuesta a la Coordinadora, “los padres tenemos que hacer lo que nos corresponde y los maestros también”.

 

Teresa Aguilar, abogada de la organización Mexicanos Primero, explicó que el caso de los papás de la escuela primaria “Profesor Arturo Guerrero González” en BCS no ha sentado un precedente judicial que obligue a todos los jueces del país a conceder el amparo; sin embargo, el caso se puede utilizar como referente de criterio para los jueces que se vean obligados a decidir en un caso similar.

 

Sobre el tema, Alexandra Zapata Hojel, coordinadora del programa Mejora tu escuela del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), calificó de “valiente” la determinación de los padres de familia de Baja California Sur, pues los efectos de los paros magisteriales en las vidas de los alumnos van más allá de la mera suspensión de clases.

 

“El gobierno le está haciendo un daño monumental a los niños, porque al no aplicar la ley les están quitando su derecho a una educación de calidad. Los cortísimos ciclos escolares que están cursando los niños y jóvenes de estos estados hacen imposible que puedan competir en el mercado laboral de nuestro país”, opinó.

 

 

El caso cero

 

Desde que los padres de familia de la primaria “Profesor Arturo Guerrero González” de Cabo San Lucas, Baja California Sur, se ampararon, los profesores de la zona ya no faltan por miedo a que les levanten un acta administrativa que les quite bonos económicos.

 

Adriana López Monje, presidenta regional de la Asociación de Padres del municipio de Los Cabos, aseguró que con el amparo el movimiento magisterial local (que organiza los paros de clases) viene a la baja.

 

Con este objetivo alcanzado, ahora el objetivo de la Asociación es difundir el amparo con otros padres de familia como una herramienta que sirva para mantener a los docentes en las aulas y no en las calles reclamando cuestiones políticas.