Ahora que se acerca el tiempo de los cambios en el gabinete –hacia finales de agosto o principios de septiembre, según comentó Enrique Peña Nieto a un grupo de periodistas–, no estaría de más añadir algunos nombres.

 

Se trata de personajes que si bien no ocupan una Secretaría de Estado, sí tienen responsabilidades importantes. Y se caracterizan, además, por estar –o haber estado– en distintos momentos en el ojo del huracán de la opinión pública.

 

Han sido protagonistas en algunos de los conflictos más importantes del sexenio, y lo cierto es que su trabajo ha sido cuestionado por distintos motivos, y cuentan entre sus “logros” el haber puesto al Gobierno federal en situaciones dificilísimas.

 

Nos referimos a Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República; a Enrique Galindo Ceballos, comisionado general de la Policía Federal; y Alfredo Castillo Cervantes, actual director de la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

 

Podríamos añadir otros nombres de la segunda línea como el de Omar Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR; o el de Eugenio Imaz, director del Cisen; o el de Roque Villanueva, a cargo de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.

 

Hay muchos en la lista. Pero su historia se relaciona más con ser algo así como un cero a la izquierda. Así que mejor sigamos con los inicialmente referidos: los que cargan con adjetivos de “conflictivos”, “mentirosos” y “manipuladores”.

 

Tomás Zerón, recordemos, fue quien encabezó la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y tejió la llamada “verdad histórica” en torno al caso.

 

Esa versión fue desmantelada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y Zerón figura en el expediente manipulando supuestas pruebas y es señalado por distintos casos de tortura. Su renuncia ha sido demandada una y otra vez por los padres de los 43 y grupos afines que les apoyan.

 

A pesar de todo ello, sigue en su cargo.

 

Enrique Galindo fue quien dirigió el operativo en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio pasado, en el que la Policía Federal disparó contra civiles armados, durante un aparente “desalojo” de maestros.

 

Galindo desobedeció las órdenes del comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, de no llevar armas de fuego al operativo; mintió a sus superiores e intentó manipular lo ocurrido, hasta que fotografías y videos le restregaron en el rostro lo sucedido.

 

La PGR, encargada de la investigación sobre Nochixtlán, sigue sin presentar una relatoría puntual y convincente de lo sucedido. Pero es un hecho que, a partir de los errores ahí cometidos, el Gobierno federal perdió lo ganado frente a la CNTE.

 

Galindo sigue en su cargo. Como en otras ocasiones, sus “padrinos” lo (en)cubren.

 

Alfredo Castillo lleva en la frente la estrella del batidillo en Michoacán. Si bien el llamado Virrey fue relevado de su cargo como comisionado para la Seguridad, obtuvo como premio de consolación la Conade.

 

El desastre en Río tiene como sustento sus pleitos “a bofetones” con el Comité Olímpico Mexicano y las Federaciones.

 

Gemas: obsequio del presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla: “En el relevo de la Conade se cortó la curva de preparación de nuestros atletas”.