La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Incompetencia, perdón, de Competencia Económica informa que inició la investigación por la posible realización de prácticas monopólicas absolutas (contratos, convenios, arreglos, chanchullos entre agentes económicos competidores para manipular precios, restringir o limitar oferta, coordinarse para posturas en licitaciones, intercambio de información y otras marrullerías) en el mercado de la producción, distribución y comercialización de medicamentos en el territorio nacional.

 

El titular de la susodicha autoridad explicó que el mercado de medicamentos es prioritario para la institución porque las medicinas las consumen 120 millones de mexicanos. Recordó que entre 2010 y hasta mayo de 2016, el índice de precios al consumidor de medicamentos fue 10.4% mayor al Índice Nacional de Precios al Consumidor general. Además, en 2014, los hogares de más bajos ingresos dedicaron a la compra de medicamentos 42% del gasto destinado a cuidados para la salud. En 2015, la industria farmacéutica representó 2.7% del Producto Interno Bruto manufacturero.

 

Sobre este inicio de investigación, el funcionario explicó que no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, pues hasta el momento no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica de nadie.

 

“¡Y entonces para qué anuncias con bombo y platillo el asunto, apá!” exclaman los observadores, quienes sospechan que el funcionario les dio el clásico “pitazo” a los productores, distribuidores y comercializadores de medicamentos.

 

Por cierto, habría que preguntarles a los funcionarios de la multicitada comisión por qué a los industriales azucareros, a quienes les comprobó prácticas monopólicas absolutas que les generaron ganancias por cerca de mil millones de pesos, les aplicó una multa de 80 millones de pesos. Hasta la fecha, la institución no ha informado si ya les cobró o “se las perdonó”. Ofende, ofende que los funcionarios de esa Comisión de Incompetencia crean que los consumidores y la opinión pública todavía “se chupan el dedo”.

 

Y hablando de cosas amargas, los que saben del negocio del “polvito blanco” coinciden con la opinión de este columnista en el sentido de que el IEPS a los refrescos en México sólo ha servido para que el fisco obtenga fácil y rápido miles de millones de pesos anualmente, y no necesariamente para destinar más billete a prevenir y combatir la diabetes, obesidad y otros males que dicen que causa el “polvito blanco” vacilador. Desde que se aplica el susodicho impuesto (2014), la Secretaría de Hacienda ha registrado ingresos nunca imaginados. En ese año presupuestó una recaudación de 12 mil 500 mil millones de pesos, pero consiguió 18 mil 300 millones, de los cuales, por cierto, no destinó ni un peso al sector salud, que supuestamente iba a ser el beneficiado con dicho gravamen. En 2015 obtuvo 23 mil millones y para 2016 se espera una cantidad similar.

 

Por su parte, las compañías refresqueras reportan que los volúmenes de venta -un indicador muy preciso de refrescos consumidos- son iguales que antes del impuesto e incluso están creciendo. Las principales embotelladoras de Coca-Cola y la única de Pepsi que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores reportan que han registrado incrementos en la demanda de estas bebidas de hasta 5% anual. Por otro lado, tampoco hay estudios serios que revelen el impacto en la salud que tiene la supuesta disminución en la ingesta de refrescos. Datos de las mismas dependencias del sector salud revelan que las enfermedades derivadas del sobrepeso y la obesidad siguen creciendo a pasos agigantados, sobre todo en el sector infantil.

 

Lo único que ha cambiado es que los consumidores están pagando más por las bebidas y que para el fisco, el impuesto a los refrescos que utilizan “polvito blanco” es un excelente negocio, sin hacer nada.