Un grupo de 19 organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos y México criticaron que el gobierno de Donald Trump no haya asistido a la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se hablaría de la orden ejecutiva para la construcción del muro en la frontera con México además de la política migratoria y de refugiados de la Unión Americana.

 

“Durante el 161 periodo de sesiones de la CIDH, 19 organizaciones de la sociedad civil de México y Estados Unidos expusieron los obstáculos que enfrentan las personas solicitantes de asilo en la frontera entre ambas naciones, tras las recientes órdenes ejecutivas de Donald Trump. Sin embargo, el gobierno estadounidense no asistió a la audiencia, lo que muestra su desdén hacia los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo”, dice un comunicado difundido por estas organizaciones.

 

Para este periodo de sesiones que se lleva a cabo en Washington, la CIDH utilizó sus facultades para llamar de oficio al Estado estadounidense para que expusiera sus razones por las cuales se promulgaron las órdenes ejecutivas citadas. Dicha comparecencia estaba programada para hoy en la mañana.

 

Sin embargo, al comienzo de la audiencia, el comisionado Francisco José Eguiguren anunció que ningún representante de EUA se presentó, situación que calificó de lamentable porque el tema de las órdenes ejecutivas de Trump son de especial interés para la CIDH, ya que las considera preocupantes porque tienen amplio margen de maniobra, lo cual perjudica los derechos humanos de los migrantes.

 

Según el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), una de las organizaciones firmantes del comunicado, las políticas migratorias de Trump ponen en riesgo a mujeres y menores de edad, un sector que de por sí ya está en condiciones de vulnerabilidad.

 

“Entre 2015 y 2016, más de 180 mil niñas, niños y sus familias que huyeron de la violencia en Centroamérica fueron detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México. Limitar u obstaculizar su derecho humano al asilo, podría condenarles a la muerte o la desaparición, además del impacto en su salud física y emocional”, dice el documento.