Dos jueces federales giraron órdenes de aprehensión en contra de 14 profesores e integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y un catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional  por los delitos de motín y destrucción de papelería electoral.

 

El vocero del magisterio, Mohamed Otaqui Toledo confirmó la existencia de las órdenes de captura y precisó que se trata de profesores de la región de Tuxtepec.

 

Sin embargo, la resolución judicial no incluye a los líderes del magisterio: el dirigente de la sección 22, Rubén Núñez Ginez y al secretario de organización, Francisco Villalobos Ricardez.

 

De acuerdo con un documento filtrado a la prensa local, los jueces primero y tercero de distrito con sede en el estado de Oaxaca habrían girado estas órdenes de aprehensión desde el 24 de julio pasado, cuatro días después de que el gobierno oaxaqueño anunció la transformación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) para quitar a la sección 22 de la CNTE el control de la educación en el estado.

 

Los profesores señalados son José Alberto García Raymundo, Rubén Darío Rodríguez Vidal, Francisco Durán Azamar, Antonio Morales Martínez, Benito Vázquez Henestrosa, Eloy Rivera Córdova y Fernando Rivera Marcelo.

 

Además, Proceso Manzano García, Eleazar López Rubio, Armando Delgado Ortiz, Eleuterio Acevedo Santiago, Antulio Rangel Moreno, José Alfredo García Villanueva, Miguel Ángel Arano Torres y Narciso Pérez Silva.

 

Uno de los profesores, José Alfredo García Villanueva, vocero de la región de la Cuenca, es señalado como el responsable de encabezar, a finales de 2013, la “recuperación” de 120 escuelas en Oaxaca que estaban bajo el control de padres de familia y de la oficialista sección 59 del Sindicato Nacional-SNTE.

 

García Villanueva, apodado a raíz de este evento como el “maestro pistolero”, habría accionado un arma de fuego durante una gresca ocurrida en la primaria Hermanos Flores Magón en noviembre de ese año. De la gresca habrían resultado lesionados maestros, padres de familia y alumnos e incluso se reportó la muerte de un adolescente.

 

En una revisión del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) de la Secretaría de Educación Pública, 11 de los maestros acusados aparecen con doble plaza de profesores y comisionados sindicales y tres sólo como maestros adscritos a un centro de trabajo.

 

En las órdenes de aprehensión se incluyó a un profesor de la UPN quien participó en los disturbios del 7 de junio en la región de Tuxtepec, en el marco de la jornada electoral.

 

Consultado sobre el tema, Benito Vázquez Henestroza, secretario de Prensa y Propaganda de la sección 22, y quien también cuenta con orden de captura, consideró la medida como parte de “la política que maneja el gobierno para meternos miedo”.

 

Promueven amparos

 

Ante las versiones sobre la existencia de órdenes de aprehensión en contra de sus dirigentes, el mes pasado la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Comité Ejecutivo de la sección 22 de la CNTE comenzó a preparar amparos para 160 líderes seccionales.

 

El propio secretario general de la sección 22, Rubén Núñez, interpuso una demanda de amparo el 16 de julio, días después de que la organización Mexicanos Primero anunció que lo denunció ante la PGR por peculado y fraude al erario público y una semana antes de la desaparición del IEEPO.

 

El 22 de julio, el Juzgado Segundo de Distrito en Oaxaca le otorgó a Núñez Ginez la suspensión provisional “contra la ejecución de las órdenes de aprehensión, detención, localización, presentación y privación de su libertad reclamadas a los Jueces de Distrito en el Estado de Oaxaca y Jueces Penales del Distrito Judicial del Centro”, como resultado del juicio 1000/2015.

 

El juez le dio el amparo, pero  el juez ordenó que el quejoso se debe presentar a declarar ante la autoridad ministerial que lo reclama, o ante el juez  que lo requiera.

 

Fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y autoridades ministeriales confirmaron a finales de julio que desde abril existen al menos 35 instrucciones no cumplimentadas en contra de maestros disidentes.

 

Sin precisar cuántas están vigentes ni en contra de quién fueron giradas, señalaron que los delitos imputados son del fuero común, pero al haber sido cometidos por servidores públicos pagados con recursos federales estas personas son investigadas por la PGR por participar en el incendio de vehículos, dañar inmuebles, edificios y comercios y agredir a otras personas.