Senadores de oposición, coincidieron en que se debe analizar con total seriedad la declaración del presidente Enrique Peña Nieto sobre que la elección del nuevo Fiscal General de la República debe ser después del proceso electoral del 2018.

 

Ayer, Peña Nieto dijo sobre la elección del fiscal general “que, aunque existe un clima de efervescencia política, el Senado será el encargado de decidir si dicho nombramiento se realiza antes o después de las elecciones”.

 

Al respecto, el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Herrera Ávila, consideró que dicha declaración denota “la angustia del Gobierno actual”.

 

Consideró que no se puede tirar la toalla a un año de conclusión del Gobierno haciendo a un lado la política pública y dando preferencia al cálculo electoral.

 

Dijo que su partido ha puesto sobre la mesa los requisitos para avanzar en las negociaciones: que quien vaya a encabezar la Fiscalía General tenga condiciones de autonomía, que sea apartidista y reúna requisitos de probidad.

 

Por lo tanto, de compartirse estas características con el Gobierno, se podrá a la brevedad aterrizar un instrumento legislativo que dé vida a la Fiscalía General.

 

“Un procurador sustituto, encargado de despacho, sin atribuciones completas no es lo que requiere el país, que se encuentra en una profunda crisis de corrupción y de credibilidad”, señaló el líder de la bancada blanquiazul.

 

En tanto, para la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, la elección del Fiscal General no es “una carrera contrarreloj”, por lo que esperan una actuación responsable y, sobre todo, que se garantice que quien ocupe el cargo pueda cumplir con sus objetivos.

 

“Nosotros lo que respaldamos es la garantía de que la Fiscalía General de la República se consolide como un espacio verdaderamente autónomo, que tenga facultad, capacidad para garantizar la impartición de justicia, garantizar que no haya impunidad y el combate a la corrupción”, señaló la líder perredista.

 

En tanto senadores del Partido del Trabajo consideraron necesario tener voluntad política para hacer una reforma constitucional al artículo 102, que permita dotar a la Fiscalía General de autonomía y modificar el mecanismo para que la designación del Fiscal General provenga de la participación de la sociedad.

 

El senador Miguel Barbosa manifestó que, para su grupo parlamentario, la renuncia de Raúl Cervantes sólo es el primer paso “de un camino que quieren concluir con la designación de un Fiscal General controlado por el poder público actual”.

 

 

Investiga PGR a dos mil funcionarios

La Procuraduría General de la República (PGR)  investiga a dos mil funcionarios implicados en mil 134 casos de corrupción,  como en el caso  de la empresa brasileña Odebrecht, según el informe  que entregó al Senado el ex titular de la dependencia, Raúl Cervantes. En el documento Desafíos y acciones para consolidar el Sistema Penal Acusatorio, el ex funcionario señala que durante los últimos cien años, la duración promedio de los procuradores en el cargo ha sido menor a dos años, lo que a su vez ha sido negativo para el adecuado desarrollo organizacional de la  dependencia. También señaló que se padece de desintegración en todas las capas de la organización de la PGR: normas, procesos, recursos humanos, información y sistemas, deficiencias que se busca superar.

 

 

Elías Beltrán rechaza buscar ser fiscal

Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR) tras la renuncia de Raúl Cervantes, aseguró que no tiene aspiraciones para concursar por Fiscal General de la República.

 

Respecto a las investigaciones sobre los presuntos sobornos de la empresa Odebrecht, el funcionario federal señaló que están concluidas y que arrojarán un resultado contundente y se procederá contra los responsables.

 

En una entrevista con Carlos Loret de Mola, también señaló que los expedientes de los ex gobernadores están avanzando.

 

“Por lo que se refiere al señor Tomás Yarrington en el mes de septiembre se concedió la extradición a México, pero también se concedió a las autoridades americanas; en ese sentido, irá primero a Estados Unidos para que sea juzgado, pero antes de que inicie la ejecución de su pena en ese país, será extraditado a México para que enfrente a la justicia”, resaltó.

 

 

 

con información de Daniela Wachauf

*edición impresa 24 Horas

 

caem