Los centros penitenciarios que funcionan bajo la asociación público-privada mantienen las mismas problemáticas de violación a los derechos humanos, ingobernabilidad y falta de programas de reinserción social que presentan las cárceles administradas totalmente por el Estado mexicano, coincidieron especialistas en el tema.
“El sistema penitenciario mexicano tiene una finalidad que es la reinserción social, para lograrla se requiere de medios. La Constitución señala a la educación, al trabajo, a la capacitación para el trabajo, el deporte y la salud como estos medios. Lo que observamos nosotros en estos centros de participación privada es una gran ausencia de todas estas condiciones”, dijo Ruth Villanueva, Tercera Visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Las asociaciones público-privadas para la administración de los centros penitenciarios federales comenzaron en 2010, cuando el entonces presidente Felipe Calderón argumentó que ante la falta de recursos era necesaria la entrada de la iniciativa privada en este sector, mismo que comenzó a operar en 2012.
Desde entonces, según revela el informe Privatización del sistema penitenciario en México, se han otorgado 10 contratos de asociación pública-privada para cárceles. De éstos, uno fue suspendido y otro sigue en construcción; de los ocho que están operando, seis son federales y dos estatales.
La visitadora explicó que en ningún caso se trata de una privatización total como pasa en algunas cárceles de Estados Unidos, sino que la iniciativa privada se encarga de la administración y servicios como la comida y lavandería, dejando la seguridad y custodios en manos del Estado.
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En este punto coincidió Simón Hernández, abogado del Instituto de Justicia Procesal y Penal, una de las organizaciones encargadas del informe mencionado, quien recordó que en evaluaciones a las cárceles mexicanas temas como corrupción o malos servicios son comunes.
Hernández añadió que hay otro problema, que es la falta de transparencia en los contratos celebrados entre el Gobierno federal con la iniciativa privada, pues se desconocen los términos para garantizar que la iniciativa privada cumpla con sus deberes y en caso de que no pueda qué procede.
“Nos preocupa que los esquemas de participación público privado no han sido debidamente transparentados, además de que los esquemas han sido por asignación directa, es decir, hoy la sociedad no conoce a quién se otorgó la construcción de un centro penitenciario o para la prestación de un servicio como los alimentos o cuáles son las condiciones de garantía para verificar que la empresa privada asuma sus compromisos y en caso de incumplimiento qué mecanismo existe para su reparación”, aseveró.