El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis González Pérez, se reunió con el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el ombudsman ofreció la ayuda del organismo que preside mediante trabajo coordinado para la investigación que se lleva a cabo sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.
La reunión privada se llevó a cabo en las instalaciones de la CNDH durante la mañana de ayer. Por la tarde, González Pérez asistió a la ceremonia de conmemoración del Día de la Mujer en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México. Ahí dijo que la reunión fue el primer acercamiento con el grupo de expertos.
“Fue una reunión muy cordial, muy abierta, muy franca, muy de colaboración de tener estrecha interlocución, de reunirnos periódicamente para intercambiar puntos de vista. Reiteramos lo que ya habíamos externado, que nosotros saludamos la llegada del grupo de trabajo en estos temas”.
Fue el cuarto día de trabajo del grupo, integrado por los chilenos Alejandro Valencia Villa, Ángela Buitrago de Colombia, Francisco Cox Vial; Claudia Paz y Paz, de Guatemala, y Carlos Martín Beristaín de España, quienes fueron seleccionados por la CIDH el 16 de enero de 2015 para este trabajo.
El lunes por la mañana se reunieron con representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) en la Ciudad de México, mientras que por la tarde se trasladaron a Ayotzinapa, donde hablaron con los padres de los 43 jóvenes desaparecidos en las instalaciones de la normal rural “Raúl Isidro Burgos”.
El miércoles tuvieron una junta de trabajo con la procuradora Arely Gómez, la cual fue la primera realizada por ella al frente de la Procuradora General de la República
(PGR). En comunicado, la institución se comprometió a trabajar abierta y transparentemente con los expertos para que desarrollen lo mejor posible su labor.
Las actividades del grupo de expertos comenzaron el 12 de febrero con la definición de su programa de trabajo, el cual abarcará seis meses antes de presentar un informe de recomendaciones para el Estado mexicano.
Sus atribuciones, signadas en un convenio entre la CIDH y el gobierno mexicano, son evaluar las acciones del Estado para la búsqueda de personas desaparecidas; analizar las acciones llevadas a cabo durante la investigación para emitir recomendaciones; evaluar las demandas y necesidades de las víctimas y realizar recomendaciones sobre las políticas de búsqueda de todas las personas desparecidas en México y sobre la atención a víctimas.