GUERRERO. En Chilapa los desaparecidos están olvidados. Ninguna autoridad federal ni estatal ha hecho nada por localizar a los 30 jóvenes, 16 casos denunciados ante el Ministerio Público, quienes fueron levantados en el último año por la delincuencia organizada.
Es la denuncia de José Díaz Navarro, vocero de los desaparecidos en esta comunidad de Guerrero, quien asegura que los responsables son personas que se dedican al cultivo de amapola en la región y trasiego de cocaína rumbo al norte, por Iguala.
Mientras la atención nacional e internacional se concentra en los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, a las víctimas de la comunidad vecina de Chilapa nadie les ayuda a cinco meses de los últimos “levantados”, asegura en entrevista telefónica.
“El caso Ayotzinapa está respaldado por organizaciones políticas, la CNTE, la CTEC, de derechos humanos, es más un asunto político que de justicia”, lamentó Díaz Navarro.
Los familiares de los desaparecidos son los que han investigado los casos y aunque tienen miedo porque han recibido amenazas y todos se conocen en aquellas comunidades, no dejan de preguntar y de buscar porque tienen esperanza de hallarlos con vida.
Díaz Navarro sabe que muchos de los “levantados” son llevados a los cerros para trabajar en el cultivo de amapola de Los Ardillos y Los Rojos, grupos criminales antagónicos que disputan el control de Chilapa.
En el último año, hay denuncias de 53 desaparecidos, pero son alrededor de 100 contando los casos no denunciados por miedo a represalias, de acuerdo con los registros que lleva el líder comunitario.
“Los Ardillos vienen a Chilapa porque quieren detener al líder de Los Rojos. Todos ellos se dedican al secuestro, a la extorsión, al cobro de piso y al tráfico de cocaína.
“El gobernador suplente vino, Rogelio Ortega, y el fiscal, nos prometieron ayuda y nos dejaron sus teléfonos para hablarles cuando necesitáramos algo y nunca nos han contestado las llamadas”, acusó.
Indagatorias
En mayo de este año, la PGR difundió que hay 11 líneas de investigación abiertas y se han ampliado las declaraciones y pruebas respecto al caso.
Además, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación instaló en mayo de 2015 mesas de trabajo con los familiares de los desaprecidos.
En aquel momento, se difundió que las 27 familias afectadas podrían acceder a apoyos para alimentación, salud, educación, empleo, becas económicas y asistencia legal.