La Policía Federal (PF), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), reservó por 10 años los nombres de los candidatos a los que prestó seguridad durante las pasadas campañas electorales.

 

Amparada en los nuevos lineamientos de Ley General de Transparencia, derivados de la reforma en la materia, la corporación apeló a la Prueba de Daño para reservar la información hasta el 2025.

 

Pese a que el proceso electoral ya concluyó, la PF consideró que los nombres deben ocultarse debido a que revelarlos pondría en peligro tanto a los candidatos electos como a los aspirantes que no recibieron protección.

 

En respuesta a una solicitud de información, la instancia de seguridad indicó que proporcionar los datos “pone evidentemente en riesgo la seguridad e integridad física de los candidatos a los que se les brinda seguridad y salvaguarda”, así como “al propio personal operativo” que brindó custodia.

 

La PF reservó la información nueve días antes de la jornada electoral, es decir, el 28 de mayo, señalando que su difusión debería ocultarse hasta el 2025 porque representa un “daño presente, probable y específico” en contra los agentes que brindaron protección y los mismos candidatos.

 

A juicio de la instancia de seguridad, el daño presente se configura porque “pondría en desventaja a los candidatos que no cuentan con seguridad ante un potencial ataque de grupos de la delincuencia organizada”.

 

El daño probable, explican, se actualiza porque los candidatos sin seguridad “podrían ser fácilmente ubicados dadas las actividades que desarrollan en virtud de sus respectivas campañas y durante la propia jornada electoral”.

 

Para la Policía Federal, el daño especifico se configura porque “al hacer pública la información solicitada, en poder de la delincuencia se potencia ataques reales, inminentes y presentes en contra de los candidatos sin el servicio de salvaguarda (…) así como en contra de los candidatos a quienes se reguarda, poniendo en riesgo su integridad al pretender superar en número y estrategia a los elementos que los reguardan”.

 

Violencia alcanzó a aspirantes

 

El cinco de abril pasado, ya iniciadas las campañas electorales, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) ofreció a los candidatos a gobernadores la protección de la Policía Federal (PF), especialmente en entidades con altos índices de violencia como Michoacán y Guerrero.

 

Días después, ya registrado el asesinato de una aspirante a presidenta municipal de Guerrero, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que no tenían la capacidad operativa para brindar protección a todos los candidatos.

 

Los pasados comicios no estuvieron exentos de violencia y el saldo fue de seis aspirantes asesinados, la mayoría candidatos a presidencias municipales en Guerrero y Michoacán.

 

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