La estrategia de apostar al olvido les ha dado resultado a los funcionarios públicos en México.

 

Ya muy poco se habla de los más de 26 mil millones de pesos del presupuesto público que costó construir la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México y que sigue sin operar por los graves errores cometidos por el gobierno de Marcelo Ebrard durante su planeación y construcción.

 

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Menos aún se habla de los miles de millones de pesos que tendrán que ser erogados en el futuro desde las arcas públicas para que esta línea de transporte vuelva a funcionar y no presente problemas graves en los próximos años.

 

El hecho es que un manto de olvido ha caído sobre este millonario gasto público, sin que -hasta la fecha- nadie sea responsable de semejante problema para los capitalinos y del fraude implícito en la obra en contra del erario público.

 

Y es que la apuesta al olvido de la opinión pública por casos de escándalo como este, funciona porque la lista de casos crece día a día. El nuevo caso “entierra” al anterior y así sucesivamente.

 

¿Quién se acuerda y quiénes responden por los gastos millonarios que aún se asignan año con año al flamante edificio del Senado de la República por su defectuosa construcción? ¿Acaso tenemos los contribuyentes que asumir que los senadores son impunes en materia de responsabilidad del gasto público?

 

¿Acaso alguien ha respondido por los más de nueve mil millones de pesos gastados en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, de los que cuatro mil millones se justificaron como “gastos operativos” con evidentes abusos y corrupción, como lo publicó la prensa en su momento?

 

¿Quiénes responderán por los más de seis mil millones de pesos -dinero que es de los contribuyentes- erogados en la fase inicial del proyecto de una refinería en Tula, Hidalgo, que siempre obedeció más a un capricho del gobierno de Felipe Calderón que a un análisis serio sobre la viabilidad y rentabilidad de un proyecto de esta magnitud y que ahora el gobierno de Peña Nieto simplemente cancela sin ninguna explicación a los contribuyentes y, mucho menos, sin presentar responsables de este desperdicio de recursos públicos?

 

La lista de casos es enorme y no para de crecer. Por eso las dudas y los temores sobre la opacidad y corrupción en el ejercicio del presupuesto crecen ante la avalancha de proyectos públicos que vienen a toda velocidad.

 

SÍGALE LA PISTA…

 

UNAM EN EL AEROPUERTO. Mucho se ha dicho acerca del uso futuro de las 740 hectáreas que comprenden las actuales instalaciones del aeropuerto de la Ciudad de México una vez que entre en operaciones la nueva terminal aérea hacia 2020. Ya algunos funcionarios públicos hablan de que estos enormes espacios se dedicarán a un centro de convenciones, hoteles, comercios y vivienda, además de zonas verdes y vialidades. Así que los desarrolladores inmobiliarios se están frotando las manos para desarrollar una zona urbana que había quedado al margen. Sin embargo también se ha mencionado que una parte importante de la actual infraestructura aeroportuaria podría ser cedida por el gobierno federal a la UNAM para desarrollar un nuevo campus para la educación e investigación relativas al ámbito aeroespacial, aeronáutico y de infraestructura aeroportuaria. Se buscaría crear un clúster con la UNAM para el desarrollo de talento nacional en estos ámbitos, según reportó Arena Pública. De ser así, el gobierno federal daría un paso importante en la dirección correcta.

 

 

PLURALIDAD BANCARIA. Luis Robles Miaja, de BBVA Bancomer, será el nuevo presidente de los banqueros en sustitución de Javier Arrigunaga, quien dejará Banamex. No hay duda de que Robles Miaja hará una estupenda labor gremial, como ya ocurrió en el pasado reciente cuando ocupó esa posición. Sin embargo se pierde una vez más la oportunidad de que los gremios privados den paso a la pluralidad de la que están hechos.

 

 

LAS ACCIONES DE ORTIZ. En el caso de la lucha por la presidencia en GF Banorte, que podría decidirse en la próxima asamblea ordinaria del 22 de octubre, una de las preguntas que flota en el mercado accionario es ¿qué porcentaje de las acciones del grupo financiero posee realmente el presidente de Banorte y ex gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz?