Año a año se amplía en México la brecha entre los burócratas y el resto de los trabajadores. Laborar en el sector público es una aspiración para millones de mexicanos por las privilegiadas condiciones laborales que se obtienen, muy superiores a lo ofrecido en el mercado laboral.

 

Una revisión a los salarios y prestaciones que contiene el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015 vuelve a corroborar este hecho.

 

Un ejemplo de lo anterior es muy ilustrativo. En la Cámara de Diputados existen mil 548 plazas de base sindicalizadas con salarios que van desde los seis mil 579 pesos hasta los 37 mil 369 pesos mensuales; salarios que corresponden a labores en áreas como intendencia, imprenta, biblioteca o el centro de desarrollo infantil de los trabajadores de la Cámara, entre otros.

 

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Es probable que, dadas las tasas de desempleo y de informalidad en el país, estos salarios sean un poco más elevados que los que se pagan en el mercado laboral en posiciones equivalentes.

 

Pero el asunto ni siquiera es ése. Los trabajadores sindicalizados de la Cámara de Diputados reciben hasta 4.4 veces su salario anual en  prestaciones adicionales.

 

Así que un trabajador que percibe un sueldo de seis mil 579 pesos mensuales -es decir 78 mil 948 pesos al año- también recibe prestaciones por 349 mil 169 pesos anuales en seguro social, protección al salario, fondo para el retiro y -lo más jugoso- en diversas prestaciones derivadas del contrato colectivo de trabajo.

 

Y es que las condiciones generales de trabajo firmadas entre el Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados y la propia Cámara, estipulan que un trabajador tiene derecho, además de ser inamovibles después de seis meses de servicio, a: dos mil 150 pesos mensuales en vales de despensa; 30.1 días de salario mínimo mensual para renta y transporte; 20.6 días de salario mínimo en ayuda para la cena de navidad, 15 días hábiles de vacaciones por cada seis meses de servicio, y prima vacacional de 50% del salario mensual por cada uno de los dos periodos a los que tienen derecho por año.

 

Pero, además, a bonos de productividad equivalentes a 29 días de salario mínimo en los meses de abril, septiembre y diciembre; 16.5 días de salario mínimo como ayuda a los trabajadores en el día del padre y de la madre; 6.5 días de salario mínimo por cada hijo en el día del Niño, y hasta 8.1 días de salario mínimo en el día de Reyes.

 

Los trabajadores sindicalizados de la Cámara de Diputados también obtienen una gratificación por fin de legislatura; becas de estudio para sus hijos; 32.2 días de salario mínimo para compra de útiles escolares; 23.1 días de salario mínimo al año en ayuda para compra de anteojos, y 22.6 días de salario mínimo semestral en ayudas para pasajes.

 

Otras prestaciones que se entregan generosamente en la Cámara de Diputados son: hasta 35 días de salario mínimo adicional al año en estímulos de productividad y asistencia; pagos funerarios; 23.5 días de salario mínimo por el “Día del trabajador de la Cámara de Diputados”; estímulos por antigüedad; 20.4 días de salario mínimo en vales anuales; 20.4 días de salario mínimo de gratificación anual por “única vez”, y 25% de descuento en los restaurantes de la Cámara.

 

Pero ahí no acaba la lista. Entre otras prestaciones peculiares los trabajadores tienen derecho a diversos festejos y gratificaciones pecuniarias -como el día del bibliotecario, del trabajador postal, del tipógrafo- impresión de tesis para sus hijos al concluir sus estudios superiores, apoyos para cursos de verano, 90% del salario mínimo mensual el 1 de mayo para la compra de un “traje decoroso” o la entrega de 19 días de salario mínimo para la compra de un uniforme deportivo en el día de la Revolución Mexicana.

 

Evidentemente que en todo ello se van millones de pesos anuales del gasto público asignado a la Cámara de Diputados como lo hace constar el convenio firmado entre el sindicato y la Cámara. Por eso, para 2015 tanto Senadores como Diputados han pedido incrementos en su presupuesto muy superiores al aumento general del gasto público.

 

Y es que el de los burócratas -y particularmente el de la alta burocracia en los poderes autónomos- ya es un mundo de privilegios al que no aspiran millones de trabajadores del resto de la economía.