Ayer los diputados aprobaron la Ley de Ingresos de la Federación para 2015 en la que se estima que la Federación obtendrá ingresos por cuatro billones 702 mil 951 millones de pesos. Esta es la cifra estimada más alta de ingresos en la historia del país.

 

Según las cuentas de los legisladores, 61.8% del monto esperado provendrá de los ingresos del gobierno federal, principalmente por impuestos; otro 23.9% serán ingresos provenientes de empresas y organismos públicos, y el remanente, 14.3%, serán ingresos por contratación de deuda.

 

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Hasta el momento de escribir esta columna, los diputados aprobaron el proyecto de decreto que les envió el Ejecutivo sin cambios significativos, excepto que modificaron dos variables económicas importantes para el cálculo de los ingresos petroleros estimados y, por lo tanto, para la posterior aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.

 

Hay que decir que ya es costumbre de que -año con año- los diputados modifiquen los estimados para estas mismas dos variables logrando mayores ingresos estimados que se reparten en el proceso de aprobación del presupuesto anual de egresos.

 

La primera variable que modificaron fue el estimado del precio promedio del barril de petróleo de exportación que se redujo de los 82 dólares estimado por Hacienda, a 81 dólares que finalmente aprobaron los legisladores bajo la lógica de que en los tres meses recientes los precios internacionales del crudo cayeron 20% y los contratos de futuros para el próximo año también se encuentran a la baja.

 

La reducción de sólo un dólar en el estimado de precio por barril es poco sensata para un periodo incierto con una marcada tendencia bajista. Ayer los contratos de futuros del WTI para julio de 2015 cerraron en 80.60 dólares y a diciembre 2015 en 80.28 dólares con un rango de precios de 69 a 89 dólares por barril. Incluso los precios actuales están por debajo de los 85 dólares fijada en la cobertura que contrató Hacienda para este año, cuando el estimado de precio en los Criterios Generales 2014 fue de 94 dólares.

 

Así que estimar los ingresos con un precio promedio del petróleo en 81 dólares no es prudente en la actual coyuntura.

 

La otra variable económica que ayer modificaron los legisladores en la Ley de Ingresos 2015 fue el tipo de cambio. Hacienda estimó una paridad promedio de 13 pesos por dólar, y los diputados la fijaron en 13.40 pesos, es decir, una mayor depreciación del peso (+3%) que la calculada por el Ejecutivo.

 

Es evidente que los legisladores quisieron compensar la caída de ingresos por el menor precio estimado en el barril de petróleo, añadiendo una mayor depreciación cambiaria. Un juego de alquimia financiera para que los ingresos estimados se mantengan o se incrementen -como ocurrió- sin un análisis económico serio de por medio.

 

Ayer en entrevista con Leonardo Curzio, el diputado panista Damián Zepeda Vidales -presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja- mostró con creces su pobreza de argumentos técnicos para explicar el porqué se tomó una decisión de esta naturaleza.

 

Y es que la más reciente encuesta de Banamex entre 25 participantes del sector financiero -publicada el pasado 7 de octubre- estima un tipo de cambio de 12.94 pesos por dólar al final de 2015, con una inflación de 3.4%, una tasa de fondeo bancario de 3.5% y un crecimiento de la economía de 3.8%.

 

Si los legisladores creen que la economía efectivamente crecerá 3.7% el próximo año, producto de mayores inversiones en la economía derivadas de las reformas aprobadas y, por lo tanto, de nuevos flujos de capitales externos al sector productivo, entonces -en este escenario macroeconómico que aprobaron- es previsible que el peso no se deprecie con la velocidad que acaban de estimar en la Ley de Ingresos.

 

Pero lamentablemente los legisladores -que gastan millones de pesos en asesores, estudios y viajes para ampliar sus conocimientos- nos han acostumbrado -en estos temas de los ingresos y del presupuesto- a simplemente levantar la mano para aprobar estimados de ingresos que se ajusten a los gastos que sí pretenden ejecutar.

 

Es el ejercicio de la “economía ficción” que, al no rendir cuentas ni sufrir consecuencia alguna, se practica con laxitud.