El gobierno mexicano se ha negado a publicar una revisión interna que concluyó que los investigadores violaron la ley en su búsqueda de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, una conclusión que amenaza los fundamentos legales de un caso que ha molestado a México, reporta el diario The New York Time.

 

El informe dice que los sospechosos fueron arrestados y trasladados ilegalmente, poniendo en tela de juicio las pruebas que proporcionaron. La conducta de los investigadores, en palabras del informe gubernamental, violaba “el derecho a la verdad” y dañaba el derecho de las víctimas a la justicia.

 

The New York Time señala que la desaparición de los estudiantes normalistas, en septiembre de 2014, sigue siendo una herida abierta en México, y que evidencia del fracaso del país en proteger a sus ciudadanos y la impunidad dentro de un sistema de justicia penal corrupto.

 

El diario estadounidense señala que el informe es la primera evidencia, desde el interior de la Procuraduría General de la República (PGR) que muestra cómo el caso fue mal manejado.

 

El informe, con 177 páginas, concluyó hace cuatro meses y sería entregado a los padres de los normalistas durante su encuentro con la ex procuradora Arely Gómez, el pasado 18 de agosto.

 

Pero el inspector general de la PGR les dijo que sus superiores necesitaban aprobar primero el informe, lo que, según él, era una simple formalidad. Esa aprobación nunca llegó.

 

En su lugar, el informe aún está en estudio, según informó la PGR, sin especificar para cuándo terminará dicha evaluación.

 

Una copia del informe en poder The New York Times, señala una de violaciones en el caso, incluyendo una visita que hizo Tomás Zerón, ex director de la agencia de Investigación Criminal, con un sospecho para identificar la supuesta escena del crimen, sin tener a un abogado defensor presente.

 

La información difundida por el diario señala que la visita nunca fue registrada en el archivo del caso y el sitio fue dejado sin vigilancia durante la noche.

 

La existencia del informe interno y la del primer borrador de una auditoría más amplia por parte de la oficina del inspector general fueron publicadas por primera vez por la revista Proceso y por la periodista de investigación Anabel Hernández en un libro sobre el caso.

 

La decisión de no aprobar el informe y entregarlo a las familias “fue un claro signo de falta de voluntad política, no sólo de la PGR, sino del Gobierno Federal, para terminar la investigación interna”, dijo Santiago Aguirre, diputado Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en la Ciudad de México y representante legal de las familias.

 

“Nos mostró que el inspector general trató de hacer un trabajo honesto y que no pudo encontrar las condiciones políticas e institucionales para llevar su trabajo a sus consecuencias finales”, agregó Aguirre.

 

La posibilidad de que el informe sea eliminado es una preocupación para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está evaluando el progreso del caso y ha presionado al gobierno para que abra nuevas líneas de investigación, concluye el diario.

 

jram