En lo que va del año, diversos derrames de tóxicos por actividades mineras en varias zonas del país han encendido las alarmas de las autoridades ambientales respecto a esta industria, el más reciente es el vertido de 10 mil 800 toneladas de material para separar metales (conocido como “jal”), provenientes de la planta de tratamiento de la mina Dos Señores, en el municipio de Concordia, Sinaloa.

 

Aunque autoridades estatales y federales descartaron en principio que hubiera riesgos para la población por el derrame de sustancias, la cabecera municipal pidió a los habitantes evitar consumir agua de los arroyos afectados o sumergirse en los mismos, debido a que los “jales” contienen químicos que podrían afectar a la salud. Esto, en tanto personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realiza los análisis correspondientes.

 

De acuerdo con estimaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el estado, la limpieza de los arroyos Pánuco y Chupaderos, donde fueron vertidas las sustancias podría tardar tres días más, tiempo en el cual la empresa minera Dos Señores deberá sanear los cuerpos de agua.

 

El derrame de la mina, propiedad de la empresa local Grupo Cam Cab S.A. de C.V. que extrae oro y plata de la zona, afectó al menos 15 kilómetros de los afluentes Pánuco, Chupaderos, Magistral, Piedra Blanca, La Guasima y Las Charcas.

 

Por su parte, el titular de la Profepa, Guillermo Haro, hizo un llamado a fortalecer los mecanismos de supervisión de la actividad minera en el país.

 

El funcionario recordó que la Profepa recomendó a la Secretaría de Economía impulsar modificaciones a la ley minera con el fin de que, antes del otorgamiento de una concesión, se garantice que se trate de una empresa socialmente responsable, que cumpla con la legislación ambiental, y que se comprometa a que una parte de la extracción de los minerales se destine para los pobladores de la zona, a fin de contribuir al fortalecimiento del desarrollo regional.

 

En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación por presuntas violaciones a las garantías de los sinaloenses afectados por el derrame de tóxicos.

 

Mediante un comunicado, el organismo informó sobre el traslado de visitadores adjuntos para recabar las quejas, así como atender a la población afectada, con lo que iniciará un investigación y, en su momento, emitirá una determinación conforme a sus facultades constitucionales.

 

Percances recientes

 

6 de agosto.- Se registró el derrame de 40 mil metros cúbicos de tóxicos en los ríos Bacanuchi y Sonora por actividades de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, lo que afectó a 22 mil personas de siete municipios

 

10 de agosto.- Se registró un derrame de dos mil metros cúbicos de solución cianurada de la mina Proyecto Magistral, ubicada en el municipio de El Oro, en Durango, en aquella ocasión la Profepa no reportó riesgos para la población y sólo inició un procedimiento administrativo contra la empresa

 

23 de septiembre.- La organización Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina y cooperativas pesqueras de la presa El Comedero, en Sinaloa, denunciaron la contaminación por parte de la mina Bacis de los ríos Los Remedios, en Durango, y San Lorenzo, en Sinaloa, lo que ha provocado afectaciones a la pesca