Organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos, solicitaron la intervención del Senado de la República, para lograr el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, luego de 9 años en los que han desempeñado tareas de seguridad pública.
Durante el Conversatorio Fuerzas armadas, seguridad pública y derechos humanos, celebrado en la Cámara de Senadores, José Antonio Guevara Bermúdez, Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que las fuerzas castrenses no están capacitadas para ejercer funciones de seguridad, lo que ha derivado en un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos.
Puntualizó que desde el año 2006, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), se han involucrado en 3 mil 665 enfrentamientos con organizaciones criminales en donde 4 mil 363 civiles han perdido la vida.
Recordó que entre diciembre del 2006 al 31 de diciembre de 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha emitido 53 recomendaciones por las denominadas “ejecuciones extrajudiciales” de las cuales 42 fueron dirigidas a ambas instituciones.
“No estemos pidiendo que haya una legislación que regule la actuación del ejército en tareas de seguridad pública, no están entrenados y no parece que quieran ser entrenados para hacer tareas de seguridad pública (…) La solución es establecer cuanto antes, como ya se ha dicho, un plan de salida del ejército, un plan del ejército de regreso a sus cuarteles y creo que el Senado ahí puede hacer una contribución muy importante”, señaló.
Por su parte, Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México, consideró que se debe replantear la participación de los militares en las tareas de seguridad, pues pese a la presencia del ejército no se ha logrado disminuir los índices de delincuencia e impunidad, por el contrario dijo, solo han incrementado las violaciones a los derechos humanos.
“Este debate no se trata de juzgar si el Ejercito son héroes o villanos, sino de saber cuál es la mejor política de seguridad en un estado como el mexicano, de saber si una política de mano dura en donde no se respetan los derechos humanos, pesos y contrapesos es efectiva para brindar una mejor seguridad o no lo es”, declaró.
Al participar en este encuentro convocado por la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la comisión de Derechos Humanos, el director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro-Juárez, Mario Patrón Sánchez, mencionó que de los únicos seis casos en México que han llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuatro de ellos se refieren a violaciones perpetradas por el Ejército.