La responsabilidad de los notarios es dar fe pública para garantizar, en buena medida, la protección de los intereses de las personas que ante ellos acudan; también se comprometen a que se le dé debido cumplimiento a las leyes fiscales respecto a los actos jurídicos otorgados ante su fe. Es por ello, que es tan importante su responsabilidad en las actividades económicas y en los acuerdos entre particulares. Debido a la falta de credibilidad en el Estado de Derecho y a la desconfianza que existe en la sociedad, muchas veces se recurre a un notario para que se emita una constancia o fe pública de que el acto llevado a cabo fue real, verdadero y está apegado a derecho. Son muy pocos los países que confieren un papel tan importante a los notarios.

 

En México, el nombramiento de éstos varía en cada estado. En el Distrito Federal hay un concurso público con el sistema de examen de oposición, donde dependiendo de las vacantes se abren espacios para los notarios. En otros estados, como Michoacán, éstos son nombrados por el gobernador y controlados por el secretario de gobierno. Y aquí es donde está una de las complicidades del estado que permitió al crimen organizado apoderarse de la estructura económica que existía en Michoacán.

 

Desde la administración de Lázaro Cárdenas y Leonel Godoy Rangel, se cambiaron las patentes de los 290 notarios de Michoacán, que han servido al crimen organizado para dar de alta empresas, consumar extorsiones a cambio de propiedades, facilitar la expropiación de tierras por parte de criminales al alterar archivos en el registro público de la propiedad e inclusive hipotecar bienes y empresas a nombre de terceros para facilitar el lavado de dinero.

 

Una de las modalidades de extorsión, especialmente a los aguacateros, era mediante la expropiación de tierras. Para ello, se secuestraba a un familiar, el cual regresaba a su casa después de que la familia asistiera al notario para donar sus tierras a un tercero. De esta manera se hacían los despojos de propiedades ante la complacencia de una persona que debe dar fe pública.

 

Por eso, el comisionado Alfredo Castillo debería iniciar una revisión exhaustiva de las transacciones que han llevado a cabo los notarios en Lázaro Cárdenas y Apatzingán para empezar. Ahí es donde se han formado empresas que exportan aguacate, que exportan minerales, que tienen empresas de transporte y todas ellas tuvieron que haber exhibido un capital social y una lista de socios. Pero si revisan la cantidad de transacciones de donaciones, cesiones de acciones y propiedades hipotecadas a nombre de empresas no financieras se puede tener una idea del tamaño de la economía que es extorsionada en el estado.

 

La falta de controles y de un proceso claro de asignación de notarios es reflejo de la discrecionalidad con la que se aplica la Ley en Michoacán al otorgar fe pública a los amigos. Todo esto sucedió del 2000 al 2012 bajo administraciones de izquierda, que dejaron crecer el poderío económico de los carteles de la droga y facilitaron su incursión en otras líneas de negocio. Hoy Michoacán no tiene fe pública que valga.