En el momento de escribir estas líneas aún no se veía luz al final del túnel para el default argentino. Es probable que un arreglo haya prosperado por la noche gracias a un grupo de bancos argentinos, quienes bajo presión de la presidenta desembolsarían 250 millones de dólares al juez Thomas Griesa que lleva el diferendo en Nueva York, a cambio de la reposición de la medida cautelar que suspenda, por un tiempo, la ejecución de su sentencia que obliga al país a pagar mil 500 millones de dólares.
No es el default, es la confianza; no son los buitres, es la presidenta Kirchner. No es Estados Unidos, es Argentina la que ya no puede emitir bonos para domesticar a acreedores que rechazaron la reestructuración en 2005 y 2010 porque sencillamente las reservas de confianza del gobierno argentino son deficitarias. No es la frontera del default la que confronta a Argentina, es un conjunto de decisiones erróneas que la presidenta Cristina Fernández ha tomado.
Animada por el oleaje populista de Hugo Chávez, los Kirchner recibieron con gusto una maleta atiborrada de dinero para financiar sus campañas políticas; apelando a la dialéctica del amo y del esclavo, Cristina Kirchner expropió a Repsol los activos que la empresa española compartió con Argentina. En el peronismo subyace el peor de los populismos: ¿Quieren transmisiones de futbol gratuitas por ser de interés nacional? Pues la presidenta invita. Que si la La Nación y el Clarín rebasan la línea roja de crítica, el gobierno decide reformar la ley de posesión de medios para fragmentar (debilitar) el poder de los medios inorgánicos. Para todas las interrogantes el peronismo tiene respuestas.
Argentina tiene un vicepresidente imputado por su mano colaboracionista en la casa de moneda; amiguismos y favoritismos crecen en La Cámpora, una especie de la Masía catalana en donde se siembran las promesas del futuro del equipo de futbol Barcelona. Uno de los más fieles representantes de La Cámpora es Amado Boudou, el vice a quien Cristina se niega a relevar. Los docentes de La Cámpora son los hijos de los Kirchner; perpetuarse o morir, la máxima que les heredó Hugo Chávez.
En el consumo se esconden las carencias gracias al endeudamiento público pero no hay nada más vigente que aquella frase economicista que apunta a la inexistencia de los desayunos gratis. Argentina ingresó a una burbuja de ficción donde el consumo amainaba a la crítica realidad económica.
Un grupo de prestamistas que en 2002 firmó cheques a favor del gobierno argentino se resistió a la renegociación aceptando una quita del 65.6% (este grupo lo conforman 7.7% de los acreedores); ellos son los holdouts, llamados por Cristina, buitres. Los acreedores que sí aceptaron la quita firmaron la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), cuya esencia señala que el gobierno argentino se compromete a que, si hasta diciembre de 2014 llegara a conceder mejores condiciones de pago a acreedores que acepten bonos, ellos tendrían derechos a las mismas condiciones.
La cláusula RUFO colapsó el árbol de decisiones de la presidenta: si paga los mil 500 millones de dólares a los holdouts, los acreedores podrían reclamar compensaciones superiores a los 120 mil millones de dólares. ¿Qué hacer debido a que las cifras representan cuatro veces más a las reservas del Banco Central argentino? Los abogados de la presidenta apelan a que la presidenta no está haciendo una oferta de pago de manera libre, sino obligada por un juez.
Más allá del resultado que la presidenta haya conseguido ayer, el escenario dibuja a una presidenta que utiliza la retórica populista para sortear su responsabilidad. El séquito mediático que auxilia a la presidenta no se cansa de burlarse del juez Thomas Griesa. Por el sólo hecho de contar con 83 años de edad, lo califican como un enfermo de la cabeza. En efecto, como lo señalo líneas arriba, el juez decidió en 2012 la prohibición a Argentina de pagarles a los acreedores que aceptaron las quitas hasta que salde su deuda con los acreedores que no quisieron renegociar (los buitres). Pero lo que tiene que entender Cristina Fernández es que la legislación financiera argentina no aplica en Estados Unidos, y mucho menos puede obligarle a un juez a interpretar el caso como mejor le conviene a ella.
Si usted le presta dinero a un vecino que conoce muy bien es menos probable que le pague a que si usted le presta al gobierno. Los gobiernos tienen más garantías de pago que su vecino. Ese es problema de los políticos irresponsables, como el dinero no es suyo, comprometen activos pensando que en el futuro el escenario mejorará.
No Cristina Fernández, así no.