Esta semana, diversas organizaciones civiles intentan armar una campaña contra lo que han denominado “la no militarización” y que se oponen a la aprobación de una Ley de Seguridad Interna.
En su convocatoria, dichas organizaciones argumentan que el Ejército lleva más de 10 años en la calle y que, por lo tanto, es necesario su regreso a los cuarteles, aunque expresan que eso debe darse “poco a poco”.
El lema de la campaña contra la Ley de Seguridad Interna es “Detengamos la militarización; formemos policías”. Y con ello diversas organizaciones aseguran que la aprobación de esta norma le dará al Ejército un cheque en blanco para intervenir hasta en demostraciones pacíficas y para investigar, tomar declaraciones, recibir denuncias y detener a presuntos delincuentes, tareas que deben tener la policía y los ministerios públicos.
Y los argumentos no son nada malos, más si se agrega que desde Calderón, el Ejército vive en una constante guerra contra los grupos de la delincuencia organizada. Desde esa fecha hay 52 mil elementos desplegados, más de 213 mil muertos, y de acuerdo a las estadísticas de diversas organizaciones civiles, el Ejército mata a ocho personas por cada una que hiere.
Pero también es cierto que resulta necesaria y urgente una Ley de Seguridad Interna que le dé certeza a las Fuerzas Armadas; nadie está pensando en ofrecerles un cheque en blanco. Ni siquiera la iniciativa presentada por el PRI habla de darles un poder extra ni fuera de la ley cuando estén en operaciones en los estados o, incluso, cuando exista un Estado de excepción en materia de seguridad.
Hoy, las Fuerzas Armadas no tienen una Ley de Seguridad Interna que permita fijar sus límites, pero tampoco una norma que les fije objetivos y periodos claros del tipo de misión que tienen al combatir a la delincuencia organizada.
Se habla de retirar poco a poco a las Fuerzas Armadas, de regresar a sus cuarteles al Ejército; se habla de evitar la aprobación de una Ley de Seguridad Interna. Pero poco he escuchado de poner un límite a la opacidad de los estados en materia de seguridad, de sancionar a los gobernadores y funcionarios que no ejercen los presupuestos en materia de seguridad.
¿Cuántas sentencias o procesos en contra de funcionarios que no cumplieron con sus labores en materia de seguridad conoce?, ¿cuántos funcionarios sancionados por no bajar los índices delictivos de los estados están presos o procesados en la actualidad?
Una de las iniciativas en materia de seguridad interna señala que una vez que sea aprobada la ley, deberá hacerse un análisis del estado de seguridad que hay en cada entidad, y a partir de ahí tomar decisiones de la salida del Ejército y su regreso a los cuarteles.
Eso también sería una locura. Dichos análisis los necesitamos ahora; los tiene cada entidad federativa, y paralelo a una Ley de Seguridad interna deberíamos de contar con una ley y reglas claras sobre nuestros cuerpos policiacos.
En otros procesos
El Nuevo Sistema de Justicia Penal enfrenta su primera crisis: varias agencias policiacas están tratando de cumplir con los requisitos del debido proceso, pero muchos jueces actúan de forma tan estricta que están dejando en libertad a verdaderos delincuentes.
Hace un mes, en Veracruz, se dejó en libertad a seis secuestradores. Lo anterior pese a que fueron capturados en flagrancia; una de las víctimas era menor de edad y la otra tenía un impacto de bala en el cuerpo. El juez consideró que el Ministerio Público se retrasó 15 minutos en poner a los delincuentes a su disposición y los dejó en libertad por fallas al debido proceso. Ayer estos secuestradores volvieron a actuar; dos de ellos fueron capturados y cuatro de ellos, se sabe, están operando en diversos raptos en la entidad.