Puertas forzadas, mobiliario dañado, documentos destruidos e incluso un boquete en la puerta de cristal blindado que da acceso a la oficina del rector fue el saldo de la ocupación durante 12 días de la Torre de Rectoría de la UNAM por parte de un grupo integrado, al parecer, por alumnos y exalumnos de la Universidad. A casi un año de distancia ninguna persona ha sido detenida.
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abierta una averiguación previa, pero funcionarios federales consultados por este diario reconocen que existen “retrasos” en la integración del expediente.
Un video en poder de 24 HORAS da cuenta de los daños al inmueble de Rectoría, encontrados luego de que el grupo se retiró del lugar el 1 de mayo de 2013.
De acuerdo con las constancias del expediente, quienes ingresaron a la Rectoría el 19 de abril de ese año y a las oficinas de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), el 6 de febrero, robaron dinero, documentos, implementos de trabajo; además destruyeron mobiliario y dañaron parte de la infraestructura del edificio.
Los funcionarios consultados aseguran que al menos cuatro ex alumnos han sido plenamente identificados como líderes de pequeñas células de estudiantes del CCH quienes han participado en hechos violentos.
“Hemos tenido algunos retrasos en el expediente, porque no es tan fácil investigar dentro de la UNAM, porque son espacios sensibles, y aunque hemos tenido la colaboración de las autoridades, desde el principio tuvimos algunos problemas con la conservación del lugar, porque primero ingresó la gente de la UNAM y después nosotros y hemos tenido que verificar que no se haya modificado la escena”, justificó el funcionario.
Otro problema que han enfrentado, dijo, es la identificación plena entre los rostros de los jóvenes encapuchados contra fotografías sin capucha que ya se tienen, para confirmar que sean los mismos que se tienen como sospechosos.
“Se está trabajando con periciales y se ha solicitado apoyo al área de inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad y del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional)”, precisó la fuente.
En el expediente existen fotografías y videos de los destrozos, imágenes de los jóvenes que permanecieron en el inmueble, la mayoría de ellos encapuchados y que, en varios casos, se trata de los mismos que ingresaron dos meses antes, con violencia, a las instalaciones de la Dirección General del CCH.
En las fojas, de acuerdo con fuentes de la PGR consultadas, hay declaraciones que señalan directamente a varios ex alumnos y también existen algunas pruebas periciales que revelan huellas de quienes estuvieron en ambos inmuebles universitarios.
La UNAM interpuso dos denuncias por daños, robo y lo que resulte, por las toma de las instalaciones del CCH y la Rectoría, pero ambos expediente se integran a la par, preciso la fuente, porque “están correlacionados”.
Otra de las fuentes consultadas aseguró que apenas se tienen “plenamente identificados” a cuatro ex alumnos y de otros se tienen algunas dudas, “pero hay muchas pruebas en su contra”.
Hasta el momento continúan las indagatorias, pero no han sido citados a declarar todos los presuntos responsables, ni se ha concluido la identificación de la red de vínculos de estos jóvenes con grupos radicales o, incuso, con posibles delitos como la venta de drogas al menudeo.
“Hemos encontrado ramificaciones que no sólo nos llevan a grupos radicales, también a narcomenudistas en zonas aledañas a espacios universitarios, así que tenemos un red compleja de relaciones”, comentó la fuente sin querer precisar más datos.
De acuerdo con las constancias del expediente, las personas que ingresaron a Rectoría y a las oficinas del CCH se robaron dinero, documentos, implementos de trabajo; además destruyeron inmobiliario y dañaron parte de la infraestructura del edificio.
El monto de los daños aún no se encuentra integrado en un informe pericial, pero se menciona que debe incluirse no sólo la cuantificación de lo robado y los destrozos, sino también el costo de las reparaciones o sustituciones que debieron hacerse de inmediato y el reforzamiento de seguridad en algunas partes del edificio.
“Incluso en los daños tendremos también que valorar el tiempo que se dejó de trabajar en el edificio y qué impacto pudo tener, porque no sólo se hicieron reparaciones de plomería, vidrios, albañilería, electricidad, sino se perdieron documentos importantes y se dañaron bienes de la Universidad y de los particulares que allí laboran”, expuso el funcionario federal.
El 1 de mayo, las autoridades universitarias ingresaron al recinto después de que los manifestantes abandonaron el lugar. Sin embargo, se negaron a declarar que faltaba y lo único que atinaron a decir es que el edificio “olía a pinol”.
LA DESTRUCCIÓN
En el video que posee este diario se observa en la planta baja de la Torre platos desechables y trastes con restos de comida, así como botellas abiertas de tequila, ron, mezcal y vino.
El mobiliario de las oficinas fue derribado. Papeles sueltos, folders y libros se encontraron revueltos entre los teclados de las computadoras. Cerca, cubetas llenas de un líquido burbujeante y amarillo.
Los ocupantes dormían en la parte baja para resguardar la “entrada” que ellos mismos hicieron cuando rompieron los vidrios del costado del edificio y donde pintaron la leyenda: “Fuera Narro perro fascista”. Desde allí también podían vigilar la barricada de bancas y sillas que mantuvieron en la entrada principal del inmueble.
En los elevadores de la planta baja también dejaron huella: ahí pintaron con aerosol el símbolo del movimiento anarquista: una letra “A” encerrada en un círculo. Para acceder a los otros niveles perforaron las paredes y los ductos del aire acondicionado, además de forzar varias puertas y romper cristales.
En la oficina del rector, José Narro, hicieron un boquete en la puerta, construida de un vidrio blindado. Las ventanas del lugar estaban rotas, los papeles regados por el suelo y el baño sucio por el uso que le dieron.
Las puertas de la oficina de Finanzas también fueron forzadas, había tubos y hasta un bote de basura de aluminio tirado en la entrada, junto a un hoyo en la pared. Los jóvenes vaciaron los estantes para sacar documentos y rompieron las cerraduras de las cajas fuertes donde había dinero, aunque la universidad no ha especificado el monto.
Los peritos encontraron en una hielera petardos y bombas molotov fabricadas con botellas de agua y de vino, además de clips que sacaron de los cajones de las oficinas.
DE INSURGENTES A RECTORÍA
La toma de la Torre de Rectoría ocurrió el 19 de abril de 2013, después de la marcha de un centenar de jóvenes por Insurgentes Sur hasta la explanada de la sede universitaria para exigir la reincorporación de los 15 estudiantes expulsados del CCH Naucalpan por agresiones y daños a las instalaciones, ocurridas semanas antes.
A partir de ese momento emplazaron a las autoridades universitarias a negociar la entrega de la Rectoría y exigieron el retiro de las denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Durante los primeros cinco días, los encapuchados insistieron que era una “toma pacífica” y que permanecerían en el lobby del edificio hasta que atendieran sus demandas. El 25 de abril simpatizantes del movimiento instalaron una decena de casas de campaña frente a la entrada principal, donde permanecieron hasta el 1 de mayo.