El rescate de los 63 mineros sepultados desde hace ocho años en la mina Pasta de Conchos, de Grupo México, prometido por el actual gobierno de Enrique Peña Nieto, no pudo llevarse a cabo.

 

Jueces federales negaron a la Procuraduría General de la República (PGR) las órdenes de cateo para reingresar al complejo, pese a que ya existía incluso un plan de rescate elaborado por especialistas colombianos en minas de carbón, que establecía que era factible la intervención.

 

En entrevistas por separado concedidas a 24 HORAS, la titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, Eliana García, y la activista que representa al equipo legal de las víctimas, Cristina Auerbach, confirmaron que el Poder Judicial no dio luz verde al cateo que fue solicitado hasta en tres ocasiones.

 

La única alternativa que tienen ahora los familiares de los mineros sepultados es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a quien se le entregará un informe, que también se hará público, solicitando que se inicie un proceso contra el Estado mexicano y ordene el ingreso a la mina.

 

“El presidente Peña apoyaba el rescate, era una decisión de Estado luego de que en el sexenio pasado se negó (…) es donde entonces uno se pregunta cómo es posible que llegado el momento y por decisiones judiciales no se lleve a cabo”, declaró Auerbach.

 

Por recomendación de los abogados no se dio a conocer de momento que juzgados negaron las órdenes, pues ese dato se incluirá en el informe que se entregará a la CIDH, aunque adelantaron a este diario que fueron jueces de distintos estados.

Hicimos nuestra parte: PGR

 

Eliana García reconoció que el rescate de los cuerpos en Pasta de Conchos forma parte de la obligación que tiene el Estado de reparar el daño a las víctimas, en este caso los familiares de los mineros. En ese contexto, aseguró que la actual administración de la PGR reabrió la averiguación e integró el expediente necesario.

 

“Pero vivimos en un país donde confluyen tres poderes y la acción del Poder Judicial es determinante en una serie de acciones que ya no solo competen al ámbito ministerial (PGR), no se puede acercar a la mina sin autorización del juez”, añadió García.

 

Fuentes ministeriales indicaron que se intentó hasta en tres ocasiones obtener la referida orden pero distintos jueces las negaron. “Se planteó la solicitud (de parte de la PGR) que el Poder Judicial consideró diferente”, apuntó la funcionaria.

 

Caso sin respuesta

 

El 19 de febrero del 2006 se registró una explosión en una de las minas del complejo Pasta de Conchos, en Coahuila. Murieron 65 mineros de los cuales fueron rescatados solo dos cuerpos. Se presume que una concentración de gas pudo originar el accidente, pero la causa precisa no está confirmada.

 

Grupo México, propietario de la mina, se opuso al rescate de los cuerpos alegando que era riesgoso. El gobierno federal avaló en ese entonces la negativa y cerró el caso, pese al rechazo de las víctimas que reclamaban los cuerpos, los cuales son necesarios para esclarecer la causa de su muerte.

 

Ya en esta administración, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, pidió a la PGR reabrir el caso y analizar la viabilidad del rescate. De hecho, en noviembre de 2013 el entonces subprocurador de Derechos Humanos, Ricardo Cervantes, confirmó que ya contaban con el estudio que declaraba factible el rescate y que este ocurriría en 2014, lo cual no ocurrió.

 

 

Argumentos “absurdos”

 

La activista Cristina Auerbach calificó de “absurdos y ridículos” los argumentos que usaron los jueces pare negar las órdenes de cateo en la mina. Señala, por ejemplo, que pidieron testigos directos que avalaran las condiciones del desastre, cuando los únicos testigos en esa condición son los mineros muertos.

 

Después se exigió a la PGR que explicara “como iba a entrar a la mina”, situación que fue avalada con el análisis de expertos colombianos que diseñaron toda la estrategia de rescate. En la tercera negativa se argumentó que la Procuraduría no tenía competencia.

 

“Algunos jueces nos llegaron a decir que la empresa (GMéxico) indicaba que era muy peligroso. Entonces hubo un cabildeo de la empresa o del mismo gobierno para que esto no se llevara a cabo (…) Ahí quedó la supuesta decisión de Estado de rescatar los cuerpos”, subrayó la activista.

 

Auerbach sostiene que el caso Pasta de Conchos se ha caracterizado desde el inicio por actos de ley que consideró “irregulares”, como sucedió, por ejemplo, con la expedición de actas de defunción alegando causas de muerte que en realidad no se pudieron constatar debido a la ausencia de cuerpos. En teoría, la condición legal real de los mineros es de desaparecidos.

 

“No es lo mismo la verdad sin cuerpos que con cuerpos. Todo mundo sabe que esa mina estaba en pésimas condiciones”, sentencia la activista