Estas semanas serán clave para la llamada Ley de Seguridad Interior, ya que se pretende que sea dictaminada en este mismo periodo legislativo. Por ello es necesaria y urgente una reflexión sobre este tema tanto por los senadores como por los distintos sectores de la sociedad civil.

 

Yo soy de los convencidos de que muchas de las labores del Ejército y de las Fuerzas Armadas son necesarias, en estas mismas líneas he manifestado la importancia, por ejemplo, que tuvo el Ejército y la Marina en las labores de rescate y ayuda de los sismos de septiembre pasado.

 

El mayor de los debates debería ser que el Ejército y la Marina no sigan cubriendo las grandes carencias de las Policías de los tres niveles de gobierno y, menos, que lo hagan sin un marco jurídico adecuado. Habría que entender que el problema de la inseguridad no es culpa de nuestras Fuerzas Armadas, sino de la incapacidad de los Gobiernos federales y locales de tener Policías adecuadas y programas de prevención que ayuden a disminuir los problemas de violencia.

 

Esta Ley de Seguridad Interior, en los términos que se encuentra, no haría nada para resolver el problema de fondo: la debilidad estructural de las instituciones de seguridad y justicia.

 

Por ello es necesario ampliar el debate de una Ley de Seguridad Interna por uno que establezca la diferencia entre seguridad interior, seguridad nacional y seguridad pública, y al mismo tiempo debatir y resolver una reforma policial.

 

Pensar en aprobar una Ley de Seguridad Interna sin tener resuelto el problema de las Policías en el país es dejar las cosas tal y como están, es decir, con las Fuerzas Armadas en las calles y con ello dejar a un lado lo bueno por lo que sí se reconoce a nuestros militares.

 

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, colocó en el tintero los puntos a reflexionar que hay en esta Ley de Seguridad Nacional a los cuales me sumo.

 

 

1-No hay evidencia de que la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad haya mejorado en el largo plazo las condiciones del país, más allá de bajar ciertos índices delictivos de manera momentánea.

 

2-En un gran número de ocasiones, la participación de las Fuerzas Armadas en esta materia ha incrementado los índices de violencia en el territorio.

 

3-El uso de las Fuerzas Armadas genera desincentivos para que las autoridades locales cumplan con los mandatos de la ley en materia de fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia.

 

4-La aprobación de la Ley de Seguridad Interior, sin un modelo claro de seguridad para el país, significa simplemente militarizar la seguridad en favor de un Estado que responde de manera más violenta a los fenómenos delictivos.

 

5-La militarización de la seguridad en este país es un factor de riesgo ante una clase gobernante que ha mostrado una tentación autoritaria a lo largo de los años, que puede sofocar el proceso de democratización, a través de la fuerza militar.

 

6-El marco normativo de actuación de las Fuerzas Armadas no modifica ni la capacitación ni la vocación de soldados o marinos. Esos militares que hoy fungen como policías (incluso de tránsito) a lo largo del país, seguirán actuando sin las competencias necesarias para responder a la seguridad humana que requerimos.