En América, cada vez más mujeres y menores de edad huyen de la violencia, inseguridad y falta de oportunidades que enfrentan en sus países, solicitando asilo y refugio en otras naciones, a la par que enfrentan dificultades adicionales como el riesgo de ser agredidas sexualmente o ser cooptadas por redes de trata de personas.

 

Así lo sostuvo Carmen Moreno Toscano, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) –instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA)– al participar en la 59 Cátedra de las Américas, en la que se debatió sobre el estado actual y la protección de la población refugiada en el hemisferio.

 

Durante su intervención en el evento realizado en la sede de la OEA, en Washington, Toscano subrayó la situación de mayor vulnerabilidad que enfrentan las mujeres, y los niños al huir de sus países.

 

Destacó que, en la actualidad en la región, “debido en gran medida a preocupaciones de seguridad nacional, los mecanismos de acceso al sistema de asilo se han vuelto más restrictivos”, lo que obliga a quienes solicitan asilo a permanecer en zonas fronterizas de manera clandestina o tener que regresar a su país.

 

Eso ocurre –agregó– en un contexto en el que al mismo tiempo que la región recibe un creciente número de personas refugiadas, enfrenta desempleo y escasez de oportunidades laborales.

 

“Cada vez hay más mujeres y niños que solicitan asilo, y enfrentan dificultades adicionales, como el riesgo de violencia sexual o caer en el tráfico sexual”, apuntó Moreno.

 

Al mismo tiempo en sus países de destino no cuentan con todas las oportunidades de empleo y desarrollo económico, pese a que el derecho al trabajo es reconocido en diversos acuerdos y tratados internacionales sobre población refugiada.

 

En cuanto al papel de la OEA, la secretaria ejecutiva de la CIM recordó que desde hace 30 años la Organización se ha ocupado “de la cuestión de las y los solicitantes de la condición de refugiados y de las y los refugiados en la región, como lo evidencian las resoluciones adoptadas cada año por la Asamblea General”.

 

Para la CIM –agregó su secretaria ejecutiva– “asegurar el pleno ejercicio de los derechos económicos de todas las mujeres, incluyendo los de las refugiadas, es una de sus áreas prioritarias”.

 

Por ello, enfatizó “la importancia de reforzar los avances que se han realizado en la región para incorporar en las legislaciones estándares de protección con un enfoque integral y diferenciado, incluyendo el enfoque de género y de Derechos Humanos de las mujeres, acordes con las obligaciones internacionales”.

 

En tanto, Antonio Guterres, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), señaló que la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, adoptada en 1984, es un paso “muy importante” para la protección de esta población.

 

Al mismo tiempo llamó a las naciones de América a poner en práctica la Declaración y Plan de Acción de Brasil, adoptado en 2014 y mediante el cual se pretende responder a múltiples asuntos de protección, incluyendo el desplazamiento causado por el crimen organizado trasnacional, la protección en el mar, así como otras cuestiones de protección a nivel regional y global.

 

GH