Durante los últimos dos años, más de 300 estudiantes acusados de la toma de autobuses han sido detenidos por autoridades del estado de Michoacán, sin embargo, solo 109 han sido consignados ante el Ministerio Público. Hasta el momento ninguno de ellos ha sido condenado.

 

Un seguimiento realizado por 24 HORAS, indica que las autoridades detuvieron a los estudiantes de escuelas normales por el secuestro de las unidades, así como por las denuncias presentadas por las empresas.

 

Las detenciones se llevaron a cabo luego de enfrentamientos con autoridades en carreteras o en casetas de peaje que fueron tomadas por los alumnos en exigencia de diferentes demandas, entre ellas, plazas para impartir clase o en contra de la reforma educativa.

 

El pasado 27 de septiembre fueron asegurados 48 estudiantes por la toma y el incendio de un autobús de la línea ETN en la carretera libre Carápan-Zacapu, a la altura de la Cañada de los Once Pueblos, en el municipio de Chilchota.

 

Dos días después, José Martín Godoy Castro, procurador General de Justicia de Michoacán, informó que los 48 estudiantes normalistas fueron puestos a disposición de un juez por los delitos de daño en las cosas y privación ilegal de la libertad. Los detenidos fueron trasladados al penal “David Franco Rodríguez”, conocido como “Mil Cumbres”. Sin embargo todos fueron liberados en los siguientes días, previo pago de una fianza y con la condición de que acudan a firmar cada 15 días a Zamora, al tiempo que fueron liberados tres policías y un empleado del ayuntamiento de Nahuatzen que los normalistas mantuvieron retenidos .

 

En agosto pasado 39 alumnos más fueron detenidos y consignados por robo calificado, privación ilegal de la libertad y ataques a las vías de comunicación, luego de la toma y quema de autobuses y en la caseta de peaje de Ecuandureo. Todos fueron puestos en libertad.

 

En diciembre de 2015, 52 alumnos fueron detenidos, consignados y trasladados a penales federales en Morelos y Sonora, por la toma unidades. Fueron consignados por los delitos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como por privación ilegal de la libertad y robo. Un mes después fueron puestos en libertad, debido a que los juzgados consideraron que el Ministerio Público no presentó los elementos suficientes en su contra.