La ciencia y la tecnología, como otras actividades o creaciones humanas, están influidas por intereses económicos o ideologías políticas de los hombres y las mujeres que practican, e incluso por el entorno social y cultural en que tales actividades se desarrollan o por el liderazgo o la rectoría de tal o cual Estado o Gobierno. Es decir, la actividad científica, como todas las demás, mantiene determinadas relaciones con el poder y con la sociedad en que emerge y a la que, presuntamente, debe servir.
Actualmente, los procesos de globalización obligan a los estados nacionales a recomponer continuamente sus relaciones de competencia, de modo que éstas ya no se dirimen sólo en los terrenos del mercado, el comercio y la mejora de productos bienes y servicios entre países, sino que cada vez más la competencia se da entre cadenas de valor y entre regiones. Esto obliga a las naciones a un mayor flujo de conocimientos y a un más amplio intercambio y más profunda colaboración de sus capitales humanos y, por lo tanto, de la necesaria formación de talento de alto valor agregado para la transferencia tecnológica y la innovación.
Bajo este escenario, en la última visita que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo a México, a su homólogo Enrique Peña, hace justo un año, ambos gobiernos acordaron promover una mayor movilidad estudiantil en los niveles educativos superiores y de posgrado, así como fortalecer los vínculos entre las comunidades científica y tecnológica, y entre las instituciones de educación superior para ampliar las oportunidades de formación de capital humano calificado en ambos lados de la frontera común.
La meta contenida en ese acuerdo, cuyas siglas en inglés son FOBESII, y que se integran bajo las perspectivas de sendos programas en México y Estados Unidos: Proyecta 100,000 y La fuerza de Cien Mil, respectivamente, es incrementar la movilidad de alumnos de licenciatura y posgrado hasta conformar una masa crítica significativa, de al menos 150 mil estudiantes de educación superior ambos países hacia el año 2018 (100 mil mexicanos allá y 50 mil estadounidenses acá).
Actualmente, hay casi 14 mil distribuidos por nivel o especialidad como sigue: en licenciatura (modalidad de dos y cuatro años) hay 7 mil 564, que corresponden a 54.4% del total; otro 30.1% (4 mil 188) estudia algún posgrado (maestría o doctorado); hay, además, 1 mil 096 (7.9%) que cursan estudios sin grado, como programas intensivos de inglés, y el 7.5% restante, o sea 1 mil 045 están bajo el régimen de visa estudiantil y se los considera en estos rubros aun cuando ya han terminado sus cursos. Del lado estadounidense se reporta que sólo 4 mil 167 estudiantes participan en esquemas de intercambio en nuestro país.
A un año de distancia, y durante los dos días que duró el pasado taller –los días 7 y 8 de mayo– en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, las tendencias no son muy optimistas respecto de las ambiciosas metas. Pero lo más dramático es que el uso de los idiomas castellano e inglés se perfiló como la principal barrera contra las proyecciones de movilidad, de modo que hay que idear nuevas formas para promover la enseñanza, el aprendizaje y el uso de la lengua del país vecino.
El otro gran obstáculo a vencer, quizá mucho más difícil, es el del financiamiento. La subsecretaria adjunta de Educación del Departamento de Estado, Kelly Keiderling tuvo que hacer esfuerzos por concitar a la conciencia del sector privado y sus instituciones de educación superior con objeto de que apoyen lo que los gobiernos no están en posibilidades de garantizar a plenitud.
El resto de los impedimentos –debilidades o amenazas de este proyecto– podrían listarse más o menos con la misma importancia entre aspectos como la burocratización de trámites, la comunicación siempre fallida para promover las oportunidades entre las comunidades estudiantiles en ambos países y, al final, pero no menos grave, los promedios mínimos para aspirar a la posibilidad de realizar estudios en el país vecino.
Como claramente lo señalan los expertos convocados, entre otras organizaciones, por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico para elaborar la propuesta del plan de acción conjunto EUA-México en políticas educativas, de investigación y de innovación, el proyecto “constituye un ingrediente fundamental para incrementar la productividad, mejorar la competitividad, enriquecer el mutuo entendimiento, aumentar el comercio y tener mayores oportunidades económicas, así como reforzar la protección del medio ambiente, la administración fronteriza y la seguridad ciudadana. Este plan podría beneficiar a miles de jóvenes de ambos países, con mejores competencias laborales, salarios y condiciones de vida. Para lograrlo, se requiere adoptar un enfoque sistémico para integrar temas de educación superior, investigación e innovación, y para cerrar el ciclo entre integración cultural, formación y empleo”.