El arma secreta de Andrés Manuel López Obrador tendrá su prueba de fuego el próximo domingo, una vez que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ponga en práctica las fortalezas de la estructura electoral que el tabasqueño construyó artesanalmente durante los últimos seis años.

 

El trabajo territorial de Morena se ha realizado alejado de los reflectores de la prensa y el mayor de los sigilos, aun cuando el uso del internet y las redes sociales han sido un factor determinante para consolidar la estructura. Sólo el círculo más íntimo del candidato presidencial de las izquierdas conoce los alcances reales del movimiento.

 

El hermetismo casi absoluto con el que se manejan los coordinadores nacionales de la estructura electoral de Morena da cuenta de esta situación. Uno de ellos es Octavio Romero Oropeza, ex oficial mayor del gobierno capitalino y uno de los operadores políticos de mayor confianza del tabasqueño. El otro es Andrés Manuel López Beltrán, hijo del candidato. Ambos se niegan a dar cualquier entrevista para no revelar ningún detalle estratégico a sus adversarios.

 

Se sabe que Morena contará con 450 mil representantes de casilla durante la jornada electoral, capacitados para la defensa del voto, así como poco menos de cuatro millones de “protagonistas del cambio verdadero” encargados de promover el voto a favor de López Obrador. Hasta esta semana, el equipo de campaña de las izquierdas todavía se encontraba revisando minuciosamente el padrón de la organización para evitar cualquier sorpresa, luego de que meses atrás se detectara que algunos coordinadores estatales habían inflado el número de adherentes.

 

Los aparatos de los partidos políticos integrados en el Movimiento Progresista también jugarán un papel determinante en los resultados, principalmente el PRD, el partido más grande de la coalición, cuyo voto duro ronda los seis millones de votos (alrededor de 12 puntos porcentuales). En este sentido corre el trabajo paralelo a la campaña realizado por la dirigencia y su líder nacional, Jesús Zambrano, para sumar votos en estados donde el sol azteca tiene peso importante como Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.

 

Por su parte, PT y MC buscarán superar los dos millones 136 mil votos logrados de manera conjunta en las elecciones intermedias de 2009, principalmente en estados como Durango y Zacatecas, donde el primero tiene cierto peso electoral.

 

Los dirigentes de la coalición reconocen que el principal logro ha sido el repunte de López Obrador en estados estratégicos como Puebla, Jalisco y Nuevo León, una de las tres entidades que menor número de votos dio al tabasqueño en 2006, además del creciente apoyo en estados como Sonora, Baja California, Sinaloa, Coahuila y San Luis Potosí, lugares donde históricamente la izquierda no figura.

 

Además, confían en que la ligera ventaja de las izquierdas en la disputa por Morelos y Tabasco signifique un número importante de votos a favor de López Obrador.

 

Sin embargo, la batalla principal se desarrollará en el Estado de México, lugar donde “cada voto obtenido vale el doble” por ser el bastión del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. De ahí que las izquierdas desplegaron una estrategia especial para contener al tricolor y recuperar el llamado “corredor amarrillo” ubicado al oriente mexiquense.

 

Entre los puntos más débiles se encuentra la región del Bajío, principalmente en Guanajuato y Querétaro, además de entidades como Yucatán y Chihuahua.

 

Ricardo Monreal, coordinador de la campaña presidencial de López Obrador, considera que aunque por primera vez en la historia la izquierda logrará tener una cobertura cercana a 98.3% de las casillas, el mayor peligro reside en los gobernadores priistas.

 

“Lo que más nos preocupa son los gobernadores del PRI, quienes han actuado sin pudor, de manera desmedida e ilegal, repartiendo despensas, materiales de construcción, dinero en efectivo y amenazas. Hay un operativo impresionante de intimidación”, aseguró Monreal, tras señalar que la izquierda ya solicitó a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a la Secretaría de Gobernación intervenir en los actos de hostigamiento contra simpatizantes de Morena en entidades gobernadas por el tricolor.