El Grupo Financiero Monex, señalado recientemente en el caso de los millones de pesos movilizados por el PRI para coaccionar el voto en favor de Enrique Peña Nieto como candidato a la Presidencia, se encuentra desde el 2009 en la mira de autoridades mexicanas y estadunidenses por su involucramiento en operaciones sospechosas o potencialmente ilícitas.

 

La Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con por lo menos cuatro averiguaciones previas de distinta índole, en las que se advierte la utilización directa o indirecta de las herramientas o servicios que ofrece la referida institución financiera, para concretar movimientos de capitales de origen dudoso o no comprobable.

 

Entre estas averiguaciones, se encuentran los casos de lavado de dinero de los ex gobernadores Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores –en las que se detectaron por lo menos 18 operaciones bajo sospecha-, además de la reciente acusación de compra de votos en favor de Peña Nieto, con recursos “paralelos” a la campaña electoral.

 

Fuentes de la dependencia federal revelaron a 24 HORAS que no se trata de indagatorias en las que Monex propiamente figure como probable responsable de un delito, pero donde sí se advierte que ha sido una herramienta preferida por los inculpados o sospechosos para materializar actuaciones ilegales.

 

Lo anterior podría derivar, sobre todo en los Estados Unidos, en sanciones en contra de este grupo financiero por violaciones a normativas como las leyes antilavado de dinero que se encuentran vigentes en ese país.

 

De las referidas investigaciones, destaca el caso de la indagatoria abierta en ambos países en contra de los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, y de la red de empresarios que presuntamente los apoyaron para operar recursos provenientes del narcotráfico y en concreto del Cartel del Golfo y Los Zetas.

 

El caso, que en México continúa a nivel de indagatoria en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, pero que en Estados Unidos ya dio paso a la consignación ante un juzgado del expediente B-12-435, aborda el lavado de dinero hecho por los ex mandatarios a través de inversiones en bienes raíces sobretodo en Texas.

 

El modus operandi consistía en solicitar a instituciones bancarias estadunidenses los créditos para la adquisición de terrenos o inmuebles a través de empresas “fantasma” habilitadas por los prestanombres de los ex gobernadores, y dejando como garantía bienes en México.

 

Posteriormente, los créditos eran cubiertos con el dinero proveniente presuntamente del narcotráfico, el cual era transferido a través del sistema financiero de ambos países.

 

Es precisamente en esta operación, de acuerdo a lo que explica el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el expediente B-12-435, donde las herramientas financieras de Monex fueron provechosas para triangular el dinero de un destinatario a otro.

 

Lo anterior habría ocurrido entre el 2007 y el 2009, cuando Fernando Cano, empresario tamaulipeco prófugo de la justicia y considerado el principal prestanombres de Yarrington, movilizó recursos provenientes de cuentas en los bancos Scotiabank, HSBC, BBVA Bancomer, Banamex y Banregio, a una cuenta o fondo concentrador en Monex.

 

Posteriormente, explican los fiscales, Cano transfirió el dinero desde Monex hacia los bancos estadunidenses que otorgaron los referidos créditos, completándose así la triangulación de recursos y el lavado de millones de pesos (convertidos a dólares) cuyo origen no es comprobable.

 

Movimientos hacia Texas

 

 

En el expediente radicado en la Corte del Distrito Sur de Texas, se detallan al menos 18 transferencias hechas por Cano y sus cómplices desde Monex a dos bancos en Texas, entre junio del 2008 y diciembre del 2009, por un monto total superior a los dos millones 700 mil dólares.

 

En la PGR advierten que este caso, al igual que otros no revelados, evidencia la utilización de Monex para triangular recursos económicos, aprovechando las herramientas y facilidades con las que cuenta, y siempre con el interés de que se disfrace o cubra el vínculo entre el origen de los recursos y el destinatario final de los mismos.

 

Otra averiguación previa que se conoció públicamente, es la radicada en la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (FEPADE) en contra del PRI, y en la que se advierte la movilización de al menos 70 millones de pesos, cuyo origen no es comprobable, para la coacción de votos en favor de Peña Nieto.

 

Lo anterior se habría realizado mediante la apertura de cuentas en Monex que fueron utilizadas por supuestos integrantes o empresarios afines al PRI, para luego distribuirlas en tarjetas de prepago entregadas a potenciales electores.

 

Aunque el grupo financiero no sería penalmente responsable de algún delito en México, aun comprobándose los casos anteriores, en Estados Unidos podría recibir duras sanciones económicas, pues en ese país se sanciona a las instituciones financieras que no tengan controles adecuados para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

El grupo

 

– Descripción: Grupo de servicios financieros conformado por tres entidades: Banco Monex, Monex Casa de Bolsa y Monex Operadora de Fondos.

 

– Productos: Cambio de divisas, cuenta digital, fondos de inversión, mercado bursátil (dinero, capitales y banca de inversión), fideicomisos, derivados, inversión internacional, cartas de crédito y crédito con prenda bursátil, entre otros.

 

– Fundación: 1985.

 

– Capital: Mexicano.

 

– Cobertura: 42 oficinas en México, una oficina subsidiaria en Houston, Texas, y capacidad tecnológica para efectuar transacciones a cualquier parte del mundo.

 

– Director general: Héctor Lagos Dondé.

 

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