El coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Barbosa Huerta, presentará una iniciativa en materia materia de seguridad interior la cual busca brindar el andamiaje institucional y normativo que le permita al país enfrentar y solucionar en condiciones de normalidad las amenazas que afecten a la sociedad, la integridad y patrimonio de las personas, así como la funcionalidad de las instituciones.
De acuerdo con el documento que presentará el senador este martes al inicio de los trabajos para crear la iniciativa, señala que “cuando la amenaza sea de mayor intensidad, gravedad o amplitud -ya porque la misma se prolongue en el tiempo o abarque a sectores amplios de la población- será necesaria la implementación de medidas no sólo por los cuerpos civiles de seguridad, sino de manera excepcional por las Fuerzas Armadas”.
Ante ello propuso cuatro puntos centrales, el primero es el establecimiento normativo del regreso a los cuarteles de las fuerzas armadas.
“Esto conduce a fijar en las disposiciones de la ley una ruta crítica que, reconociendo esta realidad, plazos, condiciones y procedimientos para permitir un regreso gradual y ordenado de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles”.
Dicho regreso podría estar determinado en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley general en materia de seguridad pública, previa evaluación de las capacidades de los cuerpos policiacos en aquellos lugares donde actualmente la función de seguridad pública es realizada por las Fuerzas Armadas y fijar si la autoridad civil, sea federal, local o municipal cuenta ya con la fortaleza institucional para encargarse de la seguridad pública en el ámbito territorial respectivo.
“En caso de que la corporación policiaca en cuestión, después de la evaluación respectiva, no cuente aún con las capacidades requeridas, el Secretario Ejecutivo gestionará la aplicación del mecanismo de intervención de la policía municipal o estatal que corresponda en los términos de ley general respectiva”.
El segundo punto de la iniciativa señala que la legislación debe tener como condición previa para su aplicación la constatación de la insuficiencia de las fuerzas civiles de seguridad para enfrentar y atender la amenaza a la seguridad interior.
También pide racionalidad de las medidas para atender una afectación a la seguridad interior. Es decir que estas deberán ser temporales; circunscritas a un municipio, entidad federativa, o región determinada;proporcionales; es decir, debe existir una relación de fin a medio entre el evento que afecta la seguridad interior y las acciones adoptadas para solucionarlo.
Además deberán ser respetuosas de los derechos humanos y sus garantías reconocidos por la Constitución y los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
Y el cuarto punto señala la necesidad de tener un control parlamentario, rendición de cuentas y fincamiento de responsabilidades políticas penales.
“La alteración de la paz pública por parte de grupos de la delincuencia organizada obedece en muchas ocasiones no sólo a su poder de fuego, sino a la captura o abierta colusión de los grupos criminales con diversas autoridades políticas del lugar”, y las medidas anteriores evitarían este tipo de corrupción, señala la iniciativa.
dca