El gobierno de México no ha demostrado que está atendiendo debidamente a los reclamos de los familiares de personas desaparecidas, afirmó hoy la organización Amnistía Internacional (AI), que deploró la falta de coherencia de las cifras oficiales sobre las víctimas.

 

Al conmemorarse el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la organización defensora de los derechos humanos sostuvo que “prevalece la confusión que ha marcado diferentes aspectos de la política para abordar esta crisis”.

 

En un comunicado de su oficina en México, AI refirió que el 21 de agosto pasado la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR)  anunció que el número de personas no localizadas sobre las que se presentó una denuncia suman 22.322.

 

De acuerdo con AI, “una vez más, el gobierno mexicano aporta una nueva cifra sobre personas no localizadas, sin claridad sobre cómo se obtuvo, ni transparencia alguna”.

 

“No queda claro cómo estas 22.322 personas se relacionan con los datos aportados por la Secretaría de Gobernación el 22 de mayo, que se referían a 8.000 personas, y el 16 de junio, que explicaron que en realidad se trataba de 16.000 personas”, anotó.

 

Amnistía lamenta que, pese a que el gobierno federal afirma que el tema es prioritario, “las cifras siguen creciendo sin tener ninguna coherencia”, además de que no existe ningún documento oficial que explique claramente el proceso de depuración de datos y por qué las cifras han variado de forma tan drástica en tan poco tiempo.

 

También expresa preocupación porque en las cifras no se especifica cuántas personas son presuntas víctimas de desaparición forzada.

 

Destaca que, a pesar de que en muchos casos funcionarios públicos están implicados, casi no hay procesos judiciales en su contra ni víctimas encontradas.

 

“Los pronunciamientos de representantes del Gobierno sobre la crisis de víctimas de desaparición plantean más preguntas que respuestas”, indicó el comunicado.

 

La organización no gubernamental sostuvo que si bien la construcción de un Plan Nacional de Búsqueda es un paso importante para abordar el problema, “no se ha brindado evidencia de que en el día a día las víctimas y sus familiares estén recibiendo una mejor atención”.

 

Tampoco se ha demostrado, añadió, que las búsquedas sean más rápidas, enfocadas, coordinadas o eficaces y que lleven ante la justicia a los responsables, sean funcionarios públicos o delincuentes comunes.

 

“Es a raíz de información como esta, que demostrará un impacto decisivo en favor de las víctimas, donde el Gobierno empezará a mostrar que realmente está abordando la crisis de las personas desaparecidas”, puntualizó.

 

El viernes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseveró que México presenta “una situación crítica en materia de desaparición” de personas.

 

El organismo internacional, encabezado por Navi Pillay, señaló en un comunicado que las víctimas de los últimos años se suman a las que fueron desaparecidas de manera forzada en las décadas de los setenta, ochenta y noventa. “Unas y otras exigen y merecen justicia, verdad y reparación”, apuntó.

 

El Gobierno mexicano presentó el pasado 21 de agosto su más reciente recuento de personas no localizadas, con un total de 22.322 casos, de los cuales 44 % corresponde al periodo de gestión del actual presidente Enrique Peña Nieto, que se inició en diciembre de 2012.

 

El Congreso mexicano aprobó en marzo de 2012 una iniciativa que obligaba al Gobierno federal a abrir una base de datos electrónica de personas extraviadas o desaparecidas con el fin de dar seguimiento a los casos denunciados, tras haberse disparado este problema a raíz de la lucha gubernamental contra el crimen organizado.

 

 

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