México descendió 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016, al pasar de la posición 95 a la 123, de un total de 176 países evaluados por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, según se dio a conocer este martes por la noche.

 

“México obtuvo una puntuación de 30 en una escala que va de 0 a 100, donde 0 (cero) es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia. La calificación actual es cinco puntos menos que la de la medición anterior”.

 

De esta forma, nuestro país se mantiene en el lugar 35 de los 35 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

 

“Unas 40 posiciones separan a México de China, India y Brasil, sus principales competidores económicos. Entre las 35 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México se ubica en el último lugar”, indican ambas organizaciones en un comunicado, destacó en su informe, Transparencia Internacional.

 

Dicho informe eesaltó que “las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no fueron suficientes para reducir el efecto de los continuos escándalos de corrupción en todo el país y frenar la caída de México en el Índice de Percepción de la Corrupción”.

 

Transparencia Internacional exhortó que las redes de corrupción formadas por empresas y funcionarios públicos sean investigadas, perseguidas y desmanteladas, esto para enfrentar eficientemente el problema.

 

Agregó que es necesaria una Fiscalía General de la República “capaz, autónoma e independiente” para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política interna ni de la política externa, además solicitó apertura en el proceso de designación de su titular.

 

También insistió en la necesidad de iniciar el proceso de creación de los Sistemas Locales Anticorrupción, pues 19 de las 32 entidades federativas del país aún no cuentan con este trabajo.

 

En cuanto al nivel federal, indicó que las reformas en materia de adquisiciones y obra pública deben ser una prioridad.

 

Finalmente recomendó que adicional a las medidas de austeridad anunciadas por diversas dependencias, se garantice la apertura gubernamental, la integridad y la apropiada fiscalización del gasto público.