La cifra real de cuántos desaparecidos hay en el país, una nueva fuerza nacional que reforzaría la seguridad, la depuración total de malos policías y la creación de unidades antisecuestros, fueron promesas de gobierno para 2013 que no se cumplieron.
En la firma del Pacto por México, las principales fuerzas políticas del país acordaron 8 compromisos en materia de seguridad. Doce meses después el Pacto está en vías de extinción y sólo 2 de los compromisos se cumplieron. Incluso, la idea de un Código Penal único ya fue de plano descartada. Otras metas las diseñaron cada dependencia, como la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR), pero tampoco cumplieron.
Así arranca el segundo año del gobierno de Enrique Peña Nieto y poco se habla de los proyectos pendientes.
Puntos clave
Entre lo que se prometió y quedó solventado por el gobierno y el Congreso, al menos en el papel, están las reformas a la Ley de Amparo y el diseño de un Plan Nacional para la Prevención del Delito, pero este último apenas arrancó a fin de año por falta de recursos y estrategia.
En los índices delictivos, tomando en cuenta que sólo se denuncia 7% de los ilícitos que se comenten, se lograron reducir los homicidios dolosos, aunque aumentaron, como nunca antes, secuestros y extorsiones. Sin embargo, las organizaciones civiles denunciaron que algunos estados han falseado información estadística y colocan menos crímenes y, en su lugar, mayor número de muertes dolosas.
Después de esos dos objetivos logrados no hay más. La cancha de los pendientes en seguridad sigue llena, pese a que algunos son un fuerte reclamo social desde el sexenio pasado.
¿Cuántos desaparecidos hay?
El 26 de febrero la Secretaría de Gobernación (Segob) reveló un listado del sexenio pasado con un registro de 26 mil 121 personas desaparecidas, pero la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Lía Limón, aclaró que eran datos que debían ser validados y verificados, porque había duda en al menos 5 mil casos. El número real sigue sin darse a conocer.
Este diario publicó en mayo pasado que Gobernación, la PGR y Províctima tenían al menos tres cifras distintas de personas desaparecidas. Ese mismo mes se anunció la creación de la Unidad Especial para Búsqueda de Desaparecidos que elaboraría una estadística confiable, pero tampoco se conocen los avances y resultados.
Las protestas de las organizaciones civiles continúan y se intensifican ante la falta de cumplimiento de las promesas hechas por las autoridades.
Depuración, prórroga de la prórroga
La certificación de los más de 520 mil policías que existen en el país, a través de los exámenes de control de confianza, tenía que haberse terminado este año. En dos ocasiones se dieron fechas de vencimiento, pero en ninguna se concretaron.
En enero se vencía el plazo original fijado desde el 2009 en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para cumplir con las evaluaciones, pero los estados solicitaron una prórroga de diez meses que se autorizó. Pero al llegar octubre, el Senado cambió la fecha y concedió un año más para cumplir con la certificación, porque seguían sin ser evaluados casi 200 mil policías.
Apenas el viernes, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública se acordó aplicar exámenes diferenciados al personal que integran las dependencias de seguridad, por lo que se aplicarán los cambios a partir del próximo año.
Código único en stand by
El gobierno federal se fijó como meta que este año fuera aprobado y promulgado el Código Nacional de Procedimientos Penales, que homogeniza a nivel federal y estatal como será el proceso penal con el nuevo sistema. La PGR y diversas organizaciones impulsaron con los legisladores el proyecto.
Sin embargo, la discusión de diversas reformas estructurales relegaron el proyecto. Todavía a finales de noviembre la subprocuradora de Asuntos Jurídicos de PGR, Mariana Benítez, dijo que se confiaba en que los diputados lo aprobaran y estuviera listo antes de finalizar el año.
No fue así. La semana pasada la Cámara de Diputados se enfocó en el tema de la reforma energética y dejaron de lado la minuta del código procesal que envió el Senado. El tema se discutirá hasta febrero del próximo año.
La Gendarmería que no fue
Una fuerza de 40 mil elementos, parte de ellos de origen militar, con instalaciones propias, haciendo su primer acto público marchando el 16 de septiembre con su propio uniforme y escudos ya diseñados, y que serían asignados a instalaciones estratégicas y zonas de conflicto, así era el plan para la Gendarmería Nacional que se planteaba para el 2013… Pero simplemente no fue.
Luego de que el Ejército y Marina desistieron de participar en conformar esta nueva fuerza, argumentando incluso que no tenía sustento legal, y de que activistas criticaron la idea de una “policía militarizada”, se cambió la versión y desde Gobernación se dijo que solo sería una nueva división de la Policía Federal, con cinco mil elementos.
Pero el Plan Sectorial se Gobernación plantea a la Gendarmería más como un grupo táctico-operativo, con entrenamiento militar, por lo que las dudas de cómo será este nuevo cuerpo se disolverán antes de junio del 2014, cuando se prometió su estructuración, porque en este momento sigue en fase de reclutamiento.
Unidades antisecuestro
En octubre pasado el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong dijo ante senadores que se trabajaba en el perfeccionamiento de las llamadas “unidades antisecuestro” en todos los estados, cuya creación, fue anunciada desde hace más de cuatro años.
Prácticamente, no hay ninguna funcionado al 100%. Sin embargo, el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto cerró con la cifra histórica de más de mil 700 plagios y apenas el viernes pasado, en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad, se acordó, otra vez, diseñar una nueva estrategia contra este delito.
Reestructura en suspenso
El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, planteó un proceso de reestructuración de la dependencia, que incluía entre otras cosas la regionalización de los trabajos de investigación, la creación de grupos específicos para combatir delitos, y el diseño de la nueva Agencia de Investigación Criminal.
Algunos de estos temas se cumplieron, pero otros están en “veremos”, ya que la reforma política aprobada contempla la transformación de PGR en una Fiscalía General autónoma. Se esperará a la definición de las leyes secundarias el próximo año.
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