Las finanzas públicas del país podrían colapsar en los próximos años debido al cambio en la pirámide poblacional de las próximas décadas, por lo que los nuevos legisladores deberán adecuar el marco jurídico a fin de garantizar recursos económicos para cumplir con la asistencia social para adultos mayores, de acuerdo con un estudio del Congreso de la Unión.

 

La propuesta del documento de la Cámara de Diputados, cuya copia tiene 24 HORAS, incluye aumentar de 16 a 17% el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pues asegura que el proceso de envejecimiento de la población en México “crece a ritmos vertiginosos”, por lo que urgió a elevar a rango constitucional la Ley de Pensión Universal para los adultos mayores, iniciativa que, recordó, permanece congelada en el Senado de la República desde el año pasado.

 

El Servicio de Documentación, Información y Análisis (Sedia) de San Lázaro, encargado de elaborar el informe, señala que “darle rango de ley garantizará que este apoyo se distribuya a la población objetivo sin criterios discrecionales. Sin embargo, para alcanzar la equidad horizontal (tratar iguales a los iguales) es deseable que tenga un carácter general, abrogando los otros programas que otorgan estos apoyos y que son administrados por los gobiernos federal y estatal”, advirtió.

 

 

Programas dispersos

 

Por ejemplo, el estudio explica que el programa gubernamental que actualmente otorga la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), denominado Pensión de Adultos Mayores de 65 años y más, “no es universal porque está sujeta a la disponibilidad de recursos, en muchos casos también depende de la discrecionalidad de los gobernantes, que la regulan a través de reglas de operación o de acuerdos tomados en su esfera de gobierno”.

 

El documento asegura que “la importancia de que esta reforma se concluya es porque llevaría a rango de ley esta política de corte asistencialista, lo que implicaría que todos los adultos mayores que cubran el requisito de edad y residencia gozarían del beneficio de esta prestación”, sostuvo.

 

El Servicio de Documentación, Información y Análisis afirmó que el Estado mexicano ha respondido al cambio de en la pirámide poblacional “con un conjunto de programas dispersos y descoordinados a nivel central y en diversas entidades federativas”.

 

“Ya que se entregan subsidios monetarios que consideran características diferenciados para la población objetivo (adultos mayores), tales como su condición de pobreza moderada o extrema, marginación, vulnerabilidad”, explicó.

 

También indica que en 2010 se registraron seis millones 300 mil adultos mayores en condiciones de pobreza y pobreza extrema, mientras que “en 2020 se estima serán nueve millones 650 mil” ancianos en esas condiciones.

 

“Este proceso natural del ser humano no se está dando en condiciones óptimas en nuestro país, en el 2010 se estimó que habían 3.6 millones de personas mayores de 65 años en condición de pobreza y 2.7 millones en pobreza extrema. Para el año 2012, aumentaron a 4.0 y 3.1 millones, respectivamente”, afirmó.

 

Recordó que en México se carece de un modelo de “ingreso mínimo” que ofrezca una cobertura monetaria universal a favor de esta población en condiciones de insuficiencia monetaria y sin acceso a la canasta alimentaria básica.

 

Por ello, resaltó que la Pensión Universal debe garantizar “el umbral de la línea de bienestar mínimo que se podrían consolidar en los diversos programas federales y estatales en esta materia, evitando duplicidades al gasto”.

 

 

Aumento al IVA

 

Dentro de las conclusiones que identificó el Sedia fue la de incrementar un punto porcentual al Impuesto al Valor Agregado (IVA) a fin de garantizar el recurso económico desde el gobierno federal para este programa social.

 

“Se puede construir una propuesta fiscal, que consistiría en incrementar en 1% la tasa general del IVA (pasar de 16 a 17%), bajo este planteamiento, el ingreso marginal de aumentar en 1% este impuesto es superior al costo marginal de incrementar la prestación de la Pensión Universal al nivel requerido para que cada beneficiario acceda a la línea de bienestar mínima”, afirma el estudio realizado por el Servicio de Documentación.

 

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