Uruguay es una rareza desde muchos puntos de vista. Es de entrada uno de los raros experimentos de izquierda que no resultaron en el descrédito, en la quemazón pública por las orgías de corrupción y/o autoritarismo que han distinguido a América Latina en los últimos 15 años, desde el narcoestado abiertamente tiránico que es la Venezuela de Chávez y su guarura, hoy en el trono, hasta los Kirchner en Argentina o Lula en Brasil. De Pepe Mujica y sus posiciones digamos franciscanas se podrá decir lo que se quiera, pero ni gobernó con el ejército ni hay evidencias de que haya cultivado o tolerado la corrupción. También es uno de los países que más lejos se ha atrevido a llevar principios realmente progresistas, de ahí el admirable papel de Luis Almagro a la cabeza de la OEA, con su lucha contra la dictadura de Maduro, o la reciente autorización de que una serie de farmacias en el país, 16, vendan mariguana con fines recreativos.

 

En realidad, el camino fue largo. Los cambios legales son de 2013, contemplan todo el ciclo de la pachequez, desde la producción hasta el consumo pasando desde luego por la distribución, y apenas ahora se abre esta posibilidad, una de las tres que tienes, como uruguayo, de hacerte de cannabis de forma legal: las otras dos son cultivarla en casa o inscribirte a un “club cannábico”. En todos los casos, es requisito, por decirlo así, registrarte, inscribirte: dar parte al Estado, pues.

 

No entremos en discusiones sobre el grado de toxicidad de la mariguana –del daño que provoca o no, y cualquiera que haya vivido en México sabe que alguno sin duda causa–, ni en sus efectos reales sobre el mercado negro o la violencia. Me parece evidente que la idea del Estado como dictaminador de lo que debes meterte o no, particularmente en el caso de la mariguana, implica un grado de autoritarismo, un punto de paternalismo gubernamental, de voluntad de caudillo, y que esa voluntad ha resultado con demasiada frecuencia en un desbordamiento del mercado clandestino y por lo tanto del crimen organizado. También, que esos desbordamientos son en buena medida responsabilidad de las administraciones gringas, que algo tendrían que haber aprendido de la Prohibición. Lo entendieron en Estados Unidos, lo entendieron ya en Uruguay, apenas empezamos a entenderlo nosotros, con una peculiaridad: casi paradójicamente, las amenazas contra la despenalización provienen de eventuales gobiernos presuntamente progresistas, caso de Morena y su líder. Conviene tomar nota.

 

caem