El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, reprochó ayer al Senado de la República haber concluido el periodo ordinario de sesiones sin aprobar la reforma política de la Ciudad de México y la referente a la desvinculación del salario mínimo a nivel nacional.
El mandatario capitalino se dijo insatisfecho porque los legisladores congelaron hasta febrero próximo la aprobación en el Pleno de ambas reformas, pese a que “había un compromiso muy claro de los coordinadores (parlamentarios)”.
En conferencia, lanzó un llamado a los legisladores de izquierda, aunque sin referirse al Partido de la Revolución Democrática (PRD), a impulsar de manera decidida dichos dictámenes.
“Si el impulso del salario mínimo no estuviera en la agenda de la izquierda en este país, estaríamos equivocando el rumbo”, advirtió el Ejecutivo local.
Lamentó que el pasado lunes se perdió “una oportunidad muy importante para dar un paso decisivo hacia la Reforma Política de la Ciudad de México”, pero remarcó que el congelar los dictámenes renovará su insistencia en la aprobación.
“Son dos temas en los que vamos a seguir trabajando. No nos desanima de ninguna manera. Más allá de los intereses políticos y más allá de las luchas que se puedan dar, internas, entre los propios grupos que representan o dicen representar los intereses de la sociedad”, acusó.
Mancera Espinosa acusó que los puntos que trabaron la aprobación de la reforma del DF fue que se querían incluir las atribuciones de las alcaldías en la Constitución de la Ciudad de México y la creación de dos Asambleas, una ordinaria y otra Constituyente.
“Sabemos que lo que ha retrasado esta reforma política de la Ciudad de México es que existía la petición expresa de que las facultades de las alcaldías estuvieran en la Constitución, cosa que no existe en ninguna otra Constitución, sería algo que estaría fuera de los esquemas constitucionales tradicionales”, refirió.
Detalló que también “se estaba insistiendo mucho que existieran dos Asambleas y no una y que además se pudiera permitir que quienes tienen un cargo público en este momento pudiera tener otro cargo público exceptuando el artículo 125 constitucional.
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