El magistrado de la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalino, Maurilio Domínguez Cruz, fue víctima de la suplantación de su identidad por parte de alguien que intentó hacer dos compras fraudulentas.
El impartidor de justicia descubrió que estaba siendo víctima del delito, debido a dos llamadas que recibió en su oficina en el órgano judicial local para corroborar datos personales y fiscales para confirmar los intentos de compra realizados a vendedores contactados en Segundamano y Mercado Libre, una de ellas por un monto de 270 mil pesos y otra que no se especifica debido a que no se realizó el intento de pago por desconfianza del vendedor.
Domínguez Cruz denunció ante la Procuraduría General de Justicia capitalina  “la suplantación de su persona” el 16 de marzo pasado, donde se inició la  carpeta de investigación (CI-FAE/B/UI-3C/D/00095/03-2017), en la cual se lee que uno de los vendedores, de profesión abogado, notó que en el diálogo que supuestamente tuvo con el magistrado había inconsistencias.
“Decía cosas incoherentes como que trabajaba en el Poder Judicial de la Federación, pero que era magistrado local. O que no podía atender las llamadas porque estaba en quórum, por lo que, como abogado, sabía que no era congruente ello, pues los magistrados no acuden a quórums, sino a plenos o audiencias”, apuntó el vendedor.
El supuesto defraudador aseguró al vendedor que le podían hablar al presidente del tribunal de la Ciudad México para corroborar que eran “grandes amigos”. En su amabilidad, hasta ofreció ayudar al hijo del vendedor (estudiante de derecho) a entrar a laborar en el Poder Judicial.
De 2007 a 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) inició cuatro mil 59 averiguaciones previas relacionadas con la usurpación de identidad, de las cuales se ejerció acción penal en dos mil 549 casos.
Mientras que, durante 2015, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) recibió más de 30 mil quejas por suplantación de identidad, cifra que, en 2016, aumentó a 49 mil 898 reclamaciones.