CARACAS. El presidente Nicolás Maduro aceptó una recomendación de una comisión de cancilleres de Unasur para designar un “testigo de buena fe” que se encargará de facilitar los diálogos entre el gobierno y la oposición.
El anuncio de la aceptación por parte de Maduro fue formulado en un comunicado final que acordó una comisión de los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas que fue difundido por el organismo regional. En el informe no se ofrecieron más detalles de cómo se designará este “testigo de buena fe” y si será nacional o extranjero.
En el comunicado la comisión reconoce “la disposición al diálogo de todos los sectores, los cuales manifestaron la necesidad de moderar el lenguaje, generando así un ambiente pacífico que favorezca las conversaciones entre el gobierno y los distintos actores políticos, económicos y sociales del país”.
Los cancilleres hicieron un llamado a las partes a asumir un compromiso de deponer todas las acciones violentas.
Para dar continuidad al proceso iniciado por Unasur en Venezuela los cancilleres se comprometieron a dar continuidad en los próximos días a las reuniones de la comisión.
Más temprano, el vicepresidente Jorge Arreaza anunció que Maduro aceptó por sugerencia de la comisión de cancilleres de la Unasur crear un consejo de derechos humanos.
“Una recomendación al presidente Maduro es la creación de una oficina, de un ente de derechos humanos que dependa directamente del Ejecutivo nacional”, dijo Arreaza a la televisora estatal.
“El presidente en diálogo con la canciller María Ángela Holguín de Colombia… inmediatamente aceptó esa sugerencia, como aceptó otras”, comentó Arreaza.
Según el vicepresidente se recibirán allí las denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos. El organismo estará integrado por representantes comunales, organizaciones no gubernamentales y otros organismos del sector.
El Foro Penal Venezolano, una reconocida organización no gubernamental, solicitó a los cancilleres de la Unasur la constitución de una “Comisión de la Verdad” integrada por todos los sectores políticos y sociales y personalidades internacionales para investigar las recientes denuncias de violaciones a los derechos humanos, anunció el jueves Gonzalo Himiob, uno de los representantes de esa organización.
La delegación de cancilleres de la Unasur -integrada por 12 países de la región- visitó Caracas el martes y ayer para interiorizarse sobre la situación política y social en el país. La comisión logró reunirse con casi todos los actores políticos venezolanos, desde el presidente Maduro pasando por líderes opositores, personalidades religiosas y hasta estudiantes, un sector radicalizado que inicialmente se negó a cualquier diálogo con el gobierno.
Desde febrero Venezuela se ha visto sacudida por las protestas de universitarios y opositores, esencialmente de clase media, contra la galopante inflación -que alcanzó en febrero una tasa anualizada de 57.3%-, el desabasto y un alto índice de delincuencia.
Maduro afirma que las manifestaciones son parte de un plan de la oposición para promover un golpe de Estado en coordinación con grupos estadounidenses. Los opositores refutan esas acusaciones.
Ayer la ministra de Información y Comunicación de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que han pedido una investigación ya que el diario venezolano El Aragüeño envía supuestamente mensajes cifrados en sus crucigramas para conspirar e incitar a la violencia contra de Nicolás Maduro.
La ministra no ofreció detalles de las pistas que le llevaron a requerir tal investigación al medio de prensa privado de la ciudad de Maracay, capital del estado Aragua, vecino a Caracas.
En tanto, la diputada María Corina Machado, aseguró a la cadena privada Caracol, que no tiene miedo de ser reprimida por las fuerzas del gobierno de Maduro y prometió retomar su curul en la Asamblea Nacional.
“Yo iré en el debido momento, tengo el mandato del pueblo, y ellos se saben perdidos y descubiertos frente al mundo en su carácter dictatorial”, señaló en entrevista telefónica desde Caracas.
La diputada venezolana pidió una mayor solidaridad del pueblo y gobierno de Colombia, que deben apoyar a los “miles de demócratas y no a la dictadura de Nicolás Maduro”.